“SI NO SE REGULA LA NUEVA ECONOMÍA, ESTO ES LA LEY DE LA SELVA”

JUAN DÍAZ ROKISKI, DIRECTOR DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN CASTILLA-LA MANCHA:

Juan Día Rokiski, director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha.

Al frente de un equipo de 42 inspectores de trabajo y 43 subinspectores, Juan Díaz Rokiski dirige la Inspección de Trabajo de Castilla-La Mancha, dedicada a la lucha contra el fraude en el empleo y en la seguridad social. Le preocupan las situaciones grises que ahora abundan en el mercado laboral, esas que se mueven entre lo legal y lo ilegal, “que son las más difíciles de controlar”.

 

Cuando Juan Díaz Rokiski (Toledo 1975) se incorporó a la Inspección de Trabajo toledana, en 2004, eran tiempos de bonanza, con gran demanda de empleo y fuerte actividad empresarial. Ocho años después, su nombramiento como director territorial de la Inspección de Trabajo en Castilla-La Mancha coincidió con el periodo más negro de la crisis.

 

AQUÍ: ¿Hasta qué punto la crisis económica ha enturbiado el mercado laboral y ha generado esa sensación de ‘sálvese quien pueda’?

J.D.R: Desde el punto de vista de la Inspección de Trabajo, nunca nos falta corte, ni en épocas de bonanza ni de crisis, cada una viene con sus problemáticas. Cuando yo llegué a Toledo era el boom de la construcción, y entonces los mayores problemas eran los relacionados con la siniestralidad laboral, que eran enormes. Fueron años de inmigración masiva en España y teníamos muchos casos de trabajadores extranjeros en situación irregular, se detectaban situaciones de explotación laboral. Pero es cierto que el trabajador nacional tenía una situación mucho más estable, tanto en cuanto a estabilidad laboral como a salarios y condiciones. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos diez años? En la primera parte de la crisis el gran problema era el de la economía irregular; las empresas tenían menos negocio y empezaron a contratar trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social. También se daban los casos de beneficiarios de prestaciones por desempleo que al no ser éstas muy altas las compatibilizaban con trabajo para tener unos rendimientos superiores. Ambas irregularidades han durado bastantes años

 

AQUÍ: Y en esta fase de salida de la crisis, ¿“A río revuelto ganancia de pescadores”?

J.D.R: Es cierto que en esta última fase el empleo se ha precarizado. En la Inspección de Trabajo de Castilla-La Mancha nos estamos centrando en tres grandes problemas: la temporalidad en la contratación, las condiciones salariales y, la situación estrella, que no es legal, de la infradeclaración de jornada laboral. Estamos comprobando que en muchos contratos a tiempo parcial se están realizando en realidad jornadas muy superiores a la que tienen fijada por contrato. Se da de alta a un trabajador por la mitad de la jornada, se cotiza a la Seguridad Social la mitad de la jornada y se paga por la mitad. Esto implica una pérdida de derechos en prestaciones a futuro y pérdidas para la Seguridad Social, y así se está perjudicando la sostenibilidad del sistema de las pensiones (ahora estamos viendo el serio problema que tenemos con las pensiones).

 

AQUÍ: ¿Cómo se lucha en el día a día contra esas situaciones desde la Inspección?

J.D.R: Durante 2017 hemos realizado 21.101 inspecciones en Castilla-La Mancha, es una actividad muy reseñable. En el control que hacemos para que las empresas no eludan sus pagos a la Seguridad Social somos mucho más eficaces que años atrás porque recibimos información ya muy depurada, ya que el Ministerio, a nivel nacional, ha implantado una herramienta de lucha contra el fraude que permite cruzar todas las bases de datos y saca empresas con perfil de riesgo o indicios de que algo no están haciendo bien. Luego están las visitas a las empresas, para vigilar en materia de seguridad laboral y controlar situaciones de economía irregular, especialmente en los sectores de hostelería y comercio, que presentan índices mayores, o en agricultura, donde se trabaja especialmente en campañas de recolección. Y un dato al que le damos mucha importancia: en 2017 hemos conseguido que 5.067 contratos temporales se conviertan en indefinidos, eran contratos que estaban en fraude de ley y ahora se han regularizado. Hemos insistido mucho en ver la situación real de las horas extraordinarias y la jornada de trabajo.

 

AQUÍ: Detrás de la mayor parte de las infracciones ¿hay más picaresca o más necesidad, tanto por parte de empresas como de trabajadores?

J.D.R: Hemos pasado por una época que había más necesidad, de una parte y de otra. Yo, la verdad, aunque no está bien decirlo, disculpo en parte casos que nos encontrábamos en plena crisis de compatibilización de prestación por desempleo con trabajo no declarado; los subsidios son muy bajos y cuando les pillabas te decían que con eso no podían vivir; en ese sentido, nuestro trabajo no es bonito, alguien lo tiene que hacer, pero empatizas con esos casos, como también nos ha ocurrido lo mismo con empresas, en las que veías que no tenían más remedio que hacer las cosas como las estaban haciendo o tenían que cerrar. Pero ya han cambiado las cosas, lo vemos, aunque no se ha llegado a la bonanza de otra época, ni mucho menos, ya es menos disculpable en el momento actual una situación de picaresca, de eludir un pago, etc. En todos los casos nuestro trabajo es velar por los derechos de todos, trabajadores y empresarios. Nuestro objetivo es que se corrijan las situaciones irregulares, antes de llegar a la sanción. En casos como los accidentes de trabajo, ahí ya no queda más remedio que sancionar, porque es evidente que ha podido haber una falta de medidas de seguridad. Cuando lo que se encuentra es que un trabajador no está dado de alta, además de darle de alta por oficio en la Seguridad Social, también se sanciona a la empresa. En cambio cuando se detectan contratos temporales en fraude de ley se dice a la empresa que los transforme en indefinidos y si lo hace de manera voluntaria se evita la sanción. En total se han puesto sanciones el pasado año por valor de más de 17’5 millones de euros, que es una cantidad importante. Es un dato superior al del año anterior, pero no es porque haya habido más incumplimientos sino porque desde la inspección hemos sido más eficaces.

 

AQUÍ: De las miles de intervenciones que han tenido en 2017 ha transcendido especialmente una por su repercusión mediática: el caso del taller del diseñador Alejandro de Miguel. La Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía las actuaciones por entender que podría haber un delito penal contra los trabajadores. ¿Qué tiene de especial este caso?

J.D.R: Se remiten a la fiscalía un número importante de expedientes, todos aquellos en los que el funcionario que los lleva considera que puede haber indicios de delito. Sobre todo son casos relacionados con la siniestralidad laboral, con accidentes de trabajo; pero desde la reforma del código penal en 2012, cuando son casos de economía irregular a partir de cierto número de trabajadores irregulares en una empresa también se considera delito y se remiten a la fiscalía las actuaciones. Este caso concreto del que me habla ha sido muy mediático, pero nosotros nos limitamos a trasladarlo a la fiscalía en cuanto que entendemos que hay indicios de delito, no lo hacemos por fastidiar a nadie, sino que viene contemplado por las normas; el fiscal luego practica sus diligencias complementarias.

 

La brecha salarial se confunde con la disciminación y no es lo mismo. Nosotros perseguimos la discriminación, y a veces es buscar una aguja en un pajar. Sí hay muchos más casos de brecha salarial

 

AQUÍ: Lo denunciado en este caso parece sacado de hace 30 años, cuando los talleres de costura tenían a sus trabajadoras sin derechos laborales, sin vacaciones pagadas y en un clima de imposición patronal. ¿Con la crisis se han dado pasos atrás?

J.D.R: Estos casos son excepciones ya. Los sectores manufactureros han mejorado mucho, el empleo en domicilios o en garajes que se daba tiempo atrás en el calzado o el textil ya no existe; de hecho, cuando encontramos algún caso lo contamos en la oficina por lo raro que es. Antes había muchas empresas muy pequeñas y se fueron concentrando en grandes empresas. En todos los sectores siguen existiendo problemas a día de hoy, pero no los casos de explotación muy llamativa como existía hace treinta o cuarenta años, no digo que no veamos alguno de vez en cuando, pero es muy poco frecuente. Lo que más se dan son situaciones que llamamos ‘grises’, esas en las que se está declarando pero con menos jornada, que no se pagan ciertos complementos, vacaciones que no se disfrutan, etc. Son situaciones más difíciles de controlar las de ahora porque se mueven entre la legalidad y la ilegalidad, no es la ilegalidad absoluta. Es para nosotros una labor más compleja porque dan apariencia de legalidad, tienes que desmontar como administración que sea verdad la jornada que declaran y muchas veces no contamos con el apoyo de los trabajadores, porque tienen miedo a jugarse su puesto de trabajo por decirle la verdad a la inspección de trabajo. Es comprensible este comportamiento del trabajador por la situación que hay de falta de empleo. Con una tasa de paro tan alta hay mucha gente que necesita trabajar y, por desgracia, para las empresas es fácil encontrar gente que acepte lo que se le ofrezca.

 

La Inspección de Trabajo y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha tienen firmado un protocolo para luchar contra la desigualdad laborlal.

AQUÍ: Este 8 de marzo ha sido una jornada histórica de reivindicación feminista. En pleno siglo XXI sigue vigente la desigualdad laboral, tenemos una brecha salarial en esta región del 20’5%, los empleos más precarios son para las mujeres… La Inspección de Trabajo firmaba en 2016 un convenio con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para combatir esta situación. Un año y medio después, ¿qué frutos ha dado este acuerdo?

J.D.R: Primero tengo que decir que estamos muy contentos de haber firmado este protocolo porque ha sido pionero en España. A través de los más de 80 centros que tiene repartidos por el todo el territorio regional el Instituto de la Mujer se les puede asesorar en materia laboral y poner a disposición de las mujeres la posibilidad de acudir a la inspección de trabajo para consultas o denuncias. Todavía está un poco verde el trabajo, hemos avanzado en el conocimiento mutuo, en temas de jornadas y campañas de igualdad y seguimiento. ¿Qué hemos detectado? En planes de igualdad las grandes empresas lo tienen negociado y acordado, vamos tratando de fomentar la cultura de igualdad. En temas de acoso sexual no hay demasiadas denuncias y cuando se produce se tramitan a máxima urgencia, de hecho las primeras actuaciones se hacen en 24 horas. En cuanto a discriminación, se confunde a menudo con brecha salarial y no es lo mismo; nosotros perseguimos la discriminación salarial, que es muy diferente, son casos de que a dos trabajos de igual valor, con la misma categoría, los hombres cobran más porque tienen un complemento personal. Ponemos pocas sanciones por discriminación porque se detectan pocos casos. A veces es buscar una aguja en un pajar. Llama la atención que en nuestras inspecciones nunca reconocen que exista una situación de discriminación por razón de sexo, de hecho cuando se detectan diferencias salariales entre trabajadores y trabajadoras la justificación que hacen es casi peor, porque te vienen a decir que trabajan los hombres más, que echan más horas, que son trabajos más difíciles, es mas tema cultural. La brecha salarial se produce por que las reducciones de jornada o de maternidad caen más sobre mujeres, los contratos parciales también recaen mayoritariamente en mujeres.

 

AQUÍ: Los sindicatos llevan años denunciando la paulatina sustitución de las plantillas fijas en las empresas por falsos autónomos. ¿Es otro ejemplo de situación gris?

J.D.R: El régimen de Seguridad Social no es optativo, o se trabaja por cuenta ajena para una empresa o se es trabajador por cuenta propia. Nos encontramos muchas veces que por mala fe o desconocimiento se obliga a que sean autónomos. Si en una empresa te ofrecen esa disyuntiva ya vamos mal. En la persecución del falso autónomo tratamos de ir a los nichos donde se dan más, pero es imposible ir uno por uno. El tema de cooperativas que trabajan para las cárnicas es diferente, porque son de trabajo asociado y es más complejo, la jurisprudencia desde 2001 ha sido muy cambiante y no siempre ha apreciado que eso sea trabajo de falso autónomo. Hay otros casos, como en el reparto, la logística, paquetería o comerciales en los que la actividad se desarrolla fuera de la empresa y encontramos que se está huyendo de la legalidad, esto lo perseguimos más. Aumentan los riesgos de todo tipo si está trabajando 16 horas, que en el caso del autónomo es legal.

Las retribuciones son más bajas, no tienen parte fija ni derechos por convenio. Está muy relacionado con la economía de plataformas, la economía colaborativa, que en las grandes ciudades de España ya está la inspección de trabajo haciendo campañas específicas. En muchos casos de lo único que se trata es de tener a un montón de gente disponible. Es parecido a lo que había hace años, el trabajo a llamada, que está prohibido por el Estatuto de los Trabajadores. Este tipo de plataformas a veces encierra cosas muy peligrosas. Todo eso lo tenemos que atajar, y sobre la nueva economía hay que hacer una regulación de todo lo que está surgiendo, porque al final el Derecho del Trabajo en España está pensando para un modelo laboral que ya se ha quedado antiguo, para una nave o una oficina en las que están metidos un jefe y unos trabajadores, con un horario concreto… Han cambiado los hábitos de consumo, las formas de trabajo, las necesidades de la sociedad, etc., lo que estamos necesitando es una regulación clara de las nuevas situaciones para poder proteger a todos los trabajadores. Donde siempre hay menos protección es donde hay menos regulación, y es lo que estamos encontrando en muchos casos de la nueva economía, que sin regulación aún es la ley de la selva.

 

AQUÍ: El tejido productivo de Castilla-La Mancha está dominado por micro-empresa y autónomos, con plantillas muy pequeñas. ¿Esto complica la tarea de la inspección o la facilita, al centrarse más en grandes empresas?

J.D.R: Hacemos dos tipos de trabajo: el rogado, a través de denuncias, de peticiones de las oficinas de empleo por presuntas infracciones, de los órganos judiciales, etc. Otra parte es el trabajo planificado, con una programación anual coordinada entre el Ministerio de Empleo y la Consejería de Trabajo (puesto que trabajamos con las dos administraciones) en la que se fijan unas campañas concretas y unas prioridades. No obstante, es cierto que las empresas grandes de Castilla-La Mancha, las que tienen a partir de los 100 ó 150 trabajadores, salen en los listados de todas las campañas y se quejan de tener muchas inspecciones, y a veces tienen razón. Por otro lado, al tener muchas microempresas se dificulta el poder controlarlas. Pero intentamos incluir también a las empresas más pequeñas porque entendemos que sus trabajadores tienen el mismo derecho a recibir la atención de la inspección. Por ejemplo, en la campaña de contratación temporal de este año también vamos a inspeccionar empresas con plantillas de uno o dos trabajadores.

 

La infradeclaración de la jornada laboral está perjudicando la sostenibilidad del sistema de las pensiones. es uno de los tres grandes problemas que tenemos en ESTa etapa de salida de la crisis

 

AQUÍ: La crisis también ha afectado a las administraciones, con recortes de plantillas y de recursos económicos. ¿Ha sido el caso de la Inspección de Trabajo o cuentan con personal y presupuesto adecuado?

J.D.R: Hemos tenido suerte, porque desde que comenzó la crisis la Inspección de Trabajo se ha considerado prioritaria para todos los Gobiernos y no ha dejado de haber oposiciones ningún año, se han hecho incluso ofertas especiales de empleo para poder cubrir más plazas. En Castilla-La Mancha estamos 42 inspectores y 43 subsinspectores laborales de empleo y seguridad social. Tenemos una buena dotación, pero hay que tener en cuenta que el trabajo en Castilla-La Mancha es más complicado por la extensión y dispersión. Siempre pedimos más porque la sociedad espera mucho de nosotros, y no sólo los trabajadores, también los empresarios, que son los principales interesados en que no haya competencia desleal. Si en un pueblo hay dos bares y uno tiene dados de alta a sus trabajadores y les paga y otro no pues éste último puede poner el café más barato y hacer que vaya más clientela. La Inspección protege a los empresarios que hacen las cosas bien. Tenemos muy buena colaboración con la patronal de Castilla-La Mancha porque tratamos de transmitir todo esto. En definitiva, la ratio de inspectores en relación a la población es buena respecto a la media nacional, pero no tanto si se compara con la media europea.

 

AQUÍ: Con el desarrollo en los dos últimos años del Plan de Empleo Extraordinario de la Junta de Castilla-La Mancha, los ayuntamientos han sido importantes empleadores. ¿Dan buen ejemplo las administraciones como contratadoras o no?

J.D.R: Hemos detectado problemas con los salarios, porque en algunos ayuntamientos con convenios se pagaba a los del plan de empleo con las condiciones del plan, por debajo de convenio. Les quedó claro que tenían que pagar según convenio. También problemas con prevención de seguridad laboral, porque en los contratos con subvención la parte de prevención recae directamente sobre los ayuntamientos, en cuanto a material o formación para evitar riesgos, y eso se ha descuidado, por temas económicos o porque eran muchas contrataciones de golpe.

 

AQUÍ: ¿Se avecinan mejores tiempos para el empleo y la Seguridad Social?

J.D.R: Me parece preocupante la situación de desánimo que vemos entre los trabajadores y también entre los empresarios. La experiencia de la crisis ha sido muy mala para todos, se ha visto que lo puedes perder todo, y ha quedado una situación de pesimismo y de desánimo. Es una pena, porque el clima hace mucho en una sociedad para que vayan mejor las cosas.