REABREN EN TOLEDO LAS DOS PRIMERAS PLANTAS DE PURINES

Las dos primeras plantas de tratamiento de purines reabiertas en el país serán las de Toledo. La empresa ha iniciado este mes la puesta a punto de las instalaciones cerradas en 2014, que crearán 50 empleos directos y 200 indirectos y pondrán fin a un grave problema medioambiental y al conflicto social generado entre los vecinos.

 

La planta de tratamiento de purines de Polán, inaugurada en 2009 y cerrada cinco años después volverá a funcionar a pleno rendimiento en septiembre; al igual que la de Consuegra.

 

En septiembre, cuando hayan terminado los trabajos de puesta a punto que acaban de iniciarse en las plantas de cogeneración de Consuegra y de Polán, cada una volverá a tener capacidad para tratar 90.000 toneladas anuales de purines (la capacidad de 19 piscinas olímpicas), transformando ese estiércol de las granjas de cerdos en electricidad (16,5Mwh) que se venderá a la red eléctrica y en biomasa que servirá de abono.

 

Igual que hacían entre 2009 y 2014, hasta que el Gobierno de Rajoy por decreto recortó sustancialmente las ayudas a las energías renovables y provocó el cierre por inviabilidad de estas dos plantas y de las otras 25 que realizaban el mismo proceso en España. Todo volverá a ser igual en esta primera fase en la que la nueva empresa que explotará las dos plantas de Toledo, Clean Sustainable Energy Spain, va a invertir 20 millones de euros para retomar la actividad.

 

El año que viene tienen previsto iniciar una segunda fase para hacer aún más eficientes ambas plantas, confirma el director general Óscar Sacristán, que el 14 de junio se reunió en Consuegra con los alcaldes de ambos pueblos para explicarles todos los detalles y en breve lo hará también con los ganaderos. La empresa va a necesitar a 25 trabajadores en cada planta y estima que la actividad generará otros 200 empleos indirectos.

 

El director general no tiene ninguna duda de que las plantas serán rentables y espera que en julio el nuevo Gobierno de Sánchez haga públicas y entren en vigor las nuevas condiciones con las que podrán volver a operar estas instalaciones de cogeneración.

 

El Tribunal Supremo derogó en 2016 gran parte de aquel decreto de Rajoy y obligó al Gobierno a establecer nuevas tarifas ventajosas para estas plantas generadoras de energía renovable y a indemnizar a las empresas afectadas por aquella decisión gubernamental que incumplió el compromiso de unas determinadas ayudas públicas hasta el año 2022.

 

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