Ocho años negros para el empleo público

Concentración en Toledo de UGT y CCOO en demanda de mejoras de las condiciones de los empleados públicos.

 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones acaba de confirmar lo que los sindicatos vienen denunciando sistemáticamente: la destrucción de empleo público. El Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Universidades) que publica el Ministerio de Hacienda contabiliza a enero de 2017 un total de 118.021 empleados públicos en Castilla-La Mancha, 22.906 menos que en enero de 2009.

 

Todas las administraciones han reducido empleo en la región, especialmente las entidades locales (ayuntamientos), que han pasado en ocho años de tener 47.940 trabajadores a contar con 31.310.

 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha pasado en ocho años de una plantilla en nómina de 69.634 a los 66.027 contabilizados en enero de 2017. Aún así, la administración autonómica ha ido recuperando plantilla en los dos últimos años, pasando de 64.049 en enero de 2015 a los 66.027.

 

Las Universidades de Castilla-La Mancha y Alcalá de Henares han reducido plantilla, desde los 3.476 de ocho años atrás a los actuales 3.073.

 

Para la Administración General del Estado trabajaban 19.877 personas en Castilla-La Mancha y en la actualidad la plantilla estatal ha quedado reducida a 17.611.

 

PÉRDIDA DE DERECHOS Y SALARIO

No sólo se ha perdido empleo público, también condiciones salariales y laborales en los que han quedado. Ésta viene siendo una denuncia reiterada de los sindicatos. Esta misma semana se han concentrado en la Plaza de Zocodover (Toledo) unos 200 delegados sindicales exigiendo revertir esta situación.

José Manuel Vera, secretario general del Sector de Administración del Estado de la Federación estatal de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, ha explicado que “queremos recuperar los derechos que han sido robados desde 2010 a los empleados y empleadas de la Administración General del Estado relativos a la acción sindical, a complementos de IT, la jubilación parcial anticipada… y recuperar los salarios y el poder adquisitivo perdidos. Nuestro punto de partida es recuperar los salarios que teníamos en 2010, antes de que se rebajaran en un 5%, que aún no ha sido devuelto. Hay que recuperar el poder adquisitivo y después comenzar a hablar de incrementos salariales. No vamos a plantear que se recuperen en un año, pero tenemos que iniciar la recuperación y poder tener un salario justo y digno”.

 

Por su parte, el sindicato de la Función Pública, CSIF, ha valorado las cifras del Boletín de personal de las Administraciones Públicas destacando que “esta disminución del número de empleados públicos supone una merma fundamental en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía y muestra asimismo la temporalidad a la que está sujeta la Función Pública en la región. El envejecimiento de las plantillas, deficitarias en número, obliga a realizar una apuesta firme por parte de los representantes políticos para garantizar el sostenimiento del sector público y, en definitiva, de la sociedad de bienestar”.