Los males del campo

Al campo le caen muchos chaparrones, casi siempre bien avenidos, hay una tormenta que le hace mucho daño: la mala política. Los agricultores reciben ayudas procedentes de la Política Agraria Comunitaria (PAC) por producir alimentos para autoabastecer al hombre, bajo los términos de sostenibilidad medioambiental, bienestar animal y seguridad alimentaria. La procedencia de los fondos es de todos los contribuyentes europeos que revierten en tener alimentos en cantidad suficiente y de calidad. Sin embargo, con ese dinero, se hace política.

 

Los pagos de los agricultores se elevan al debate político y ocasionan numerosos prejuicios a los profesionales. Pongamos un ejemplo, ahora que estamos a punto de entrar en la campaña de la oliva y los productores necesitan disponer de liquidez económica para contratar temporeros, alquilar maquinaria o realizar las labores oportunas. Muchos de estos agricultores cuentan con las ayudas de la PAC, y si las autoridades comunitarias así lo estiman, pueden ser abonadas anticipadamente a partir del 16 de octubre.

 

Las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar estas ayudas, por lo tanto, que lleguen antes o después a los bolsillos de los agricultores, depende de la gestión, la cantidad de expedientes y la calidad de las herramientas informáticas. Es decir, trámites meramente administrativos y técnicos. Pues bien, cuando estas ayudas se convierten en el discurso estéril de los políticos, sólo los perceptores serán los que asuman los perjuicios y consecuencias.

 

Y así sucede con todo lo que toca la mala política. Otra cuestión que se plantea en los micrófonos y que resulta ser uno de los males endémicos del campo en la actualidad, es el agua. En materia hidráulica, el campo no sólo sufre las consecuencias inherentes a la sequía, sino también las de los debates políticos incapaces de convertirse en mesas de negociación. Escuchamos mucho a los políticos hablar de agua, sin embargo no se han sentado todos los grupos representativos para crear un modelo capaz de llevar el agua de cuencas excedentes a cuencas deficitarias. Al contrario que sucede con las comunicaciones o las carreteras, las infraestructuras de agua para aumentar el regadío o para embalsar agua no se ejecutan desde hace muchos años.

 

En Castilla-La Mancha, sin ir más lejos, existe un déficit del 13% en materia de agua. En algún momento, alguien decidió que el Levante era de regadío y nuestra región de secano. Y nadie ha hecho nada por cambiarlo. Desde ASAJA CLM tenemos un plan de futuro que supondría una acción real por la justicia y la igualdad de los agricultores castellano-manchegos: 1.500 hm3 y 500.000 hectáreas más de regadío en 20 años. La falta de agua también aumenta los costes de producción. Sin embargo, estos incrementos no se reflejan en el precio de los alimentos.

 

¿Hay que dejar en manos de San Isidro el futuro de las explotaciones o tal vez se puedan encontrar soluciones? El caso es que, al final, los precios en origen no cubren los costes y como consecuencia directa, la cadena alimentaria se desequilibra, eso sí, siempre el perjuicio recae sobre el productor, o como mucho en el consumidor, pero no en los eslabones de comercialización. Desde el 2014 tenemos la Ley de la Cadena Alimentaria, que junto a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ha demostrado ser una herramienta muy útil.

 

Lamentablemente, todavía quedan algunos flecos sueltos, pues como decía el propio director de la AICA, José Miguel Herrero, “por el hecho de que exista una ley en el BOE, no cambian las actitudes y conductas de décadas o de siglos”. Agricultores y consumidores necesitan, por tanto, refuerzo para dejar de ser los eslabones más débiles y conseguir una armonía en toda la cadena alimentaria. Preocupante es el relevo generacional. Cierto es que las cifras de las ayudas muestran que cada vez más jóvenes se incorporan al campo.

 

En la última convocatoria, más de 1.000 jóvenes agricultores de Castilla-La Mancha han solicitado las ayudas, aunque no cubren ni la mitad de la gran inversión que supone la incorporación a la actividad agraria. La apuesta por los jóvenes por parte de la Administración es clara. Pero para dar cabida a las nuevas generaciones se necesitan medidas para que los mayores se retiren dignamente, como el llamado cese anticipado. En definitiva, al campo le sobra mala política y le falta un modelo de política agraria nacional, imprescindible en momentos como el actual con continuos cambios en la PAC que generan grandes dudas y temores. La sociedad civil también tiene que asumir responsabilidades y caminar hacia la profesionalidad en el sector agrario.

José María Fresneda

José María Fresneda

Secretario general ASAJA Castilla-La Mancha
José María Fresneda