Los derechos laborales y la UE

El Tribunal de justicia de la Unión Europea en una reciente sentencia ha puesto en cuestión algunos fundamentos de la legislación laboral española; de forma particular ha desautorizado la discriminación en materia de indemnización por despido de los trabajadores interinos, reconociéndoles la indemnización que la legislación española les niega.

El asunto deviene del incumplimiento de la Directiva 199/70/CE, relativa al Acuerdo Marco suscrito por la Confederación Europea de Sindicatos y las organizaciones empresariales europeas UNICE y CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que prohíbe tratar de forma menos favorable a los trabajadores con contrato temporal, en relación con los trabajadores fijos por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada.

 

Por ello, los sindicatos CC.OO y UGT han exigido al Gobierno que adopte las medidas legislativas necesarias para modificar el Estatuto de los Trabajadores, a efectos de incrementar las indemnizaciones que en el mismo se contemplan y extendiendo el derecho a la mencionada indemnización a los contratos de interinidad y demás contratos temporales actualmente sin derecho a indemnización a su finalización.

 

Pero, curiosamente, dicha sentencia se está usando desde diversos sectores empresariales y políticos como una suerte de respaldo a la introducción en España del contrato único. Los comportamientos mezquinos no son ajenos a algunos conocidos y oportunistas planteamientos, pero sería un auténtico dislate pretender aprovechar el reconocimiento por la justicia europea de que la legislación española discrimina a los trabajadores más vulnerables para introducir el contrato único. Esto no es otra cosa que pretender confundir a la opinión pública y pervertir el debate político con tales planteamientos.

 

En realidad, como es bien conocido en ámbitos sindicales y laborales, el contrato único esconde no la equiparación en la indemnización, sino la equiparación en el motivo del despido: es decir, es la vieja idea empresarial de que el único motivo de despido sea la mera decisión empresarial, sin causa o argumento alguno, desligado por tanto de la realización de una obra o servicio, de la necesidad de cubrir una vacante, etc. En definitiva, el único motivo es la voluntad de la empresa, sin necesidad de justificación alguna.

 

Así, pues, el cambio que nuestra legislación laboral necesita en línea con la doctrina europea es, precisamente, hacer efectiva la indemnización de 20 días por año a todos los contratos temporales y no pretender retorcer viejos argumentos para seguir profundizando en reformas laborales que, más allá de la propaganda gubernamental, dibujan cada día un panorama más desolador en materia de empleo y derechos de los trabajadores.

 

En efecto, hoy y tras la reforma laboral de Rajoy, seguimos en tasas de paro inaceptables, más de 4,6 millones de parados de los cuales más de dos millones lo son de larga duración, una tasa de desempleo juvenil del 46% tras el abandono forzado y la salida al extranjero de más de 400.000 jóvenes en busca de perspectivas laborales y personales.

 

Y, junto a ello, la precariedad alcanza cotas igualmente insoportables: un 91% de los contratos son temporales y más de un 15% lo son a tiempo parcial, con duraciones medias en muchos casos ridículas, cuando no son fraudulentos, que encubren jornadas laborales muy por encima de las declaradas.

 

Las horas extras se han “normalizado”, trabajándose más de tres millones de horas extras cada semana al margen de la ley que ni se reconocen ni se cobran. Además, los salarios han caído de forma exponencial en estos últimos cinco años, especialmente en el tramo de profesiones con menores retribuciones: casi la mitad de los trabajadores españoles no llega a los 900 euros al mes y existen del entorno de 2,5 millones de trabajadores pobres con notables dificultades para subsistir ellos y sus familias.

 

En este contexto, es fundamental iniciar en el marco del diálogo social las reformas necesarias que repongan los derechos laborales perdidos y no es mala noticia la sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la UE como indicación de que, por una vez, algunas instituciones comunitarias muestren parte del camino correcto.

 

Cualquier otra pretensión debe ser denunciada como lo que es: un intento más de los poderes económicos y la derecha política de imponer a los trabajadores su visión ideologizada, retrógrada y oportunista a base de emprender reformas que, una vez más, solo pretenden sacar réditos y ventajas de la crisis económica.

Juan Jose Gonzalez
Juan Jose Gonzalez

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