LAS SOMBRAS DE COSPEDAL

Nacho Villa y Cospedal

 

Vuelven a planear en esta ocasión bajo la figura de cuatro de sus máximos colaboradores, tres de cuando era Presidenta de Castilla-La Mancha, sus consejeros de Presidencia Leandro Esteban y de Educación Marcial Marín, y el director de la radiotelevisión regional, Nacho Villa, y el cuarto cuando era ministra de Defensa, el toledano y entonces secretario de estado para la Defensa Agustín Conde.

 

Cronológicamente las noticias que semanas atrás han afectado a estos colaboradores de Cospedal empiezan por Leandro Esteban y Marcial Marín. El juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Toledo ha desestimado la reclamación de 50.615 euros que la empresa Corporación Europea de Mobiliario Urbano S.A. (CEMUSA) formuló contra la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha, dependiente de la Junta de Comunidades, por haber incumplido, decían, un contrato para realizar la campaña de promoción del IV centenario de la publicación de la segunda parte de El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha, que debía desarrollarse en siete aeropuertos españoles. Contrato cuya existencia no reconoce la Fundación demandada, aunque según la empresa el contrato se realizó con María de las Cortes Sotos Peñarrubia, jefa de gabinete de la consejería de Presidencia cuando la ostentaba Leandro Esteban, quien también era portavoz del Gobierno.

 

El caso es que la Fundación que supuestamente hizo el encargo, y a la que no pertenecía María de las Cortes, no pagó a Cemusa y, según el representante de esta empresa declaró en el juicio, Cortes les sugirió que emitieran sus facturas a nombre de otra fundación dependiente de la Junta, denominada Fundación para la Cultura y el Deporte de Castilla La Mancha, cuyo personal les manifestó que tampoco sabían nada del contrato y por tanto tampoco pagaron. Citada a declarar María Cortes, quien también era jefa de prensa del gobierno de Cospedal en los primeros 6 meses de 2015, cuando previsiblemente se produjeron los hechos, y según recoge la sentencia: “admitió que negoció y contrató todas las condiciones de la primera campaña publicitaria que CEMUSA realizó en relación con el Greco. Que, respecto de la campaña que es objeto de este pleito, indicó que ella fue quien lo contrató y negoció personalmente, aunque no ejercía ningún tipo de función en materia contractual ni en la Junta ni en la Fundación demandada, que ello lo hizo porque se lo encomendaron quienes eran consejeros de Presidencia Leandro Esteban y de Educación Marcial Marín en aquél momento, razón por la cual contactó con CEMUSA para que ofrecieran unas condiciones para desarrollar una nueva campaña de publicidad”.

 

El juez no solo ha desestimado la demanda de CEMUSA al no constatar la existencia de la relación contractual, sino que viendo una apariencia de delito en el proceso lo ha remitido al fiscal por considerar que podrían haber sido los hechos constitutivos de un delito de prevaricación, “en la medida en que, de las pruebas aportadas en las presentes actuaciones, se deduce que personal eventual de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha contrató un supuesto contrato a nombre de una Fundación de gestión pública, sin conocimiento del personal de esta última, soslayando la normativa administrativa sobre contratación y adjudicación de contratos y a instancias de quienes en ese momento ostentaban el cargo de consejeros en el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha”.

 

Nacho Villa, el ex director general de radiotelevisión de Castilla-La Mancha, ha vuelto a la actualidad informativa en este caso porque se ha sabido que negoció que el pago de una deuda de 152.819 euros que con el ente mantenían tres empresas por la producción y retransmisión en 2007 del Mundialito de Clubes Sub-17 se saldara con 4.000 botellas de vino. Las empresas en cuestión tenían como representante al que fuera jugador del Real Madrid, Manolo Sanchís, y contaban con otros integrantes de la llamada Quinta del Buitre. Una simple división da como resultado que cada botella de vino se puso a un precio de 38 euros, cuando en el mercado estaban a algo más de 8. La deuda data de la época de García Candau como director de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha y con él fue reclamada en los juzgados; pero poco antes de verse en juicio y ya con Nacho Villa al frente se llegó al acuerdo del pago en especie. De las 4.000 botellas en CMMedia aún se encuentran almacenadas 2.000 y 1.000 de ellas, explicó la actual directora general, Carmen Amores, habrían terminado directamente en el despacho de Nacho Villa.

 

No es el primer escándalo que afecta a la gestión de la televisión en la época de Cospedal. Una auditoría interna detectó que había gastado 133.818 euros en cuatro años utilizando las dos visas oro que el ente público le facilitó para gastos de representación; pero la auditoría consideró que gran parte de esos gastos no tenían la debida justificación. Un curioso gasto de Nacho Villa fue también el telefónico con la corresponsal en Hong Kong, Ana Pérez Piernas, cuyo hecho en sí, el de la citada corresponsalía, ya era curioso por no decir disparatado informativa y económicamente. Hasta 300 llamadas hizo en dos años a la corresponsal mientras que en 4 años solo llamó 2 veces al corresponsal en Bruselas.

 

El cuarto personaje que remite a Cospedal es quien fuera alcalde de Toledo y secretario de Estado para la Defensa con ella al frente del ministerio, Agustín Conde. El toledano ha fichado como director general de la compañía de armamento Escribano Mechanical & Engineering. Se da la circunstancia de que en noviembre de 2017, con Conde como secretario de Estado, el Consejo de Ministros aprobó una modificación del programa del nuevo blindado 8×8 del Ejército para que se probara y validara la estación de armas de esa compañía, con lo que el presupuesto se elevó a 2,6 millones de euros. El País señala a esta empresa como una de las firmas de más rápido crecimiento del sector de la defensa en España y añade que aquella decisión le supuso un formidable espaldarazo pues si no se validaba su estación de armas, no podría ser adjudicataria en los futuros contratos del programa 8×8, que prevén la adquisición de hasta 998 blindados por un total de 3.836 millones de euros.

 

El caso es que Agustín Conde a pesar de haber dejado el puesto en el Ministerio hace tan solo 9 meses ha contado con el visto bueno de la Oficina de Conflictos dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El periodo de incompatibilidad es de dos años para trabajar en empresas que se hayan podido ver afectadas por decisiones en las que se hubiera participado como cargo público. El impedimento pudo soslayarlo, entre otras razones, porque la modificación del contrato que benefició a la empresa de armamento se hizo con el ministerio de Industria, que era quien financiaba los programas tecnológicos, aunque estos seguían las indicaciones de Defensa.