Las empresas que no paguen a sus trabajadores no tendrán contratos de la Junta de Castilla-La Mancha

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ruiz Molina, saluda al presidente de la patronal regional, Nicolás

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ruiz Molina, saluda al presidente de la patronal regional, Nicolás.

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la inclusión de cláusulas de tipo social en la contratación pública, de manera que las empresas que vayan a ser beneficiarias de contratos de la Junta de Comunidades tendrán que cumplir exigencias no sólo técnicas y económicas, sino también de carácter social y laboral.

 

«Castilla-La Mancha se sitúa a la vanguardia de las administraciones públicas al aprobar una instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional, con importantes novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales, de abonar los salarios recogidos en el convenio colectivo y de cumplir el principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad«, ha destacado la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que será «una medida que tendrá un gran impacto económico y social en Castilla-La Mancha, dado que la Administración regional es la principal empresa castellano-manchega, tanto por su propia actividad, que supone aproximadamente una cuarta parte del PIB regional, como por el número de empleados que tiene a su cargo, y, por lo tanto, todo aquello que se haga en beneficio de la sociedad repercutirá de manera importante con un efecto multiplicador”.

Entre las novedades importantes que incorpora esta instrucción, Ruiz Molina ha mencionado que el incumplimiento de algunas de las cláusulas sociales, ya sea en la ejecución del contrato o en las diferentes fases de adjudicación, facultará a la Administración regional a resolver el contrato o a imponer penalizaciones económicas a la empresa adjudicataria. Desde la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se va a “supervisar que los contratos que se ejecutan en la administración, con un carácter trimestral, se adecúan a las instrucciones que se han aprobado en el Consejo de Gobierno».

Así, la instrucción establece como causa específica de resolución de un contrato el impago a cualquiera de los trabajadores adscritos a la ejecución del mismo de la totalidad de los salarios y cantidades adeudadas por la empresa contratista, cuando dicho impago sea por tiempo igual o superior a dos meses. “A partir de este momento, si una empresa deja de pagar el salario a los trabajadores en un contrato de la administración será causa de resolución”, ha subrayado Ruiz Molina.

Entre las causas de resolución de un contrato, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas también ha mencionado que la empresa abone salarios por debajo de lo establecido en el convenio colectivo que le sea de aplicación, que incumpla el deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores o el impago de las cuotas a la Seguridad Social.