La revolución silenciosa

Dice el refranero popular que “quien no llora no mama” y sabemos por experiencia que “tiene más razón que un santo” (de esto no hay evidencia empírica). Los jubilados de este país han tomado las calles insistentemente con la justa exigencia de que el Estado garantice unas pensiones dignas para todos y su revuelta ya está dando frutos políticos. Las mujeres han visibilizado -con contundencia el 8 de marzo- la discriminación, la brecha laboral, la precariedad, la violencia y el acoso y con sus organizadas y masivas protestas han logrado mover los resortes del poder.

 

Conflictos laborales muy locales, como el protagonizado por las trabajadoras de la empresa de Ontígola Gestipack, abanderan la lucha contra los desmanes laborales que afectan a miles de mujeres y han conseguido llegar al Parlamento Europeo.

 

Sin embargo, en silencio siguen miles de personas sin trabajo, sin ingresos, sin protección social y ya casi sin perspectivas de mejorar su situación y la de sus familias. La pobreza, sobre todo si es sobrevenida, no hace ruido. No esconder esta realidad y afrontarla con recursos públicos es una de las mejores tareas que está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ya ha llevado a información pública el anteproyecto de Ley de Garantía de Rentas y Garantías Ciudadanas.

 

La consejera dedicada a ello, Inmaculada Herranz, nos cuenta en una entrevista publicada en este número los objetivos de la que será la mayor ambición social planteada por esta región y nos da los detalles de cómo se garantizarán, por ley, ingresos mínimos a los ciudadanos de 600 euros mensuales. Ya se tiene un diagnóstico de las necesidades de la población de Castilla-La Mancha (131.000 hogares tienen bajos ingresos, de ellos 31.837 son hogares con menores.

 

El 40% de las hogares de la región llegan con dificultades a fin de mes y en 40.000 tienen problemas para pagar la hipoteca o el alquiler); se sabe cómo paliar esta desigualdad creciente en nuestra sociedad y cuánto va a costar (“es viable económicamente”, asegura la consejera).

 

Falta que haya voluntad política para intervenir en lo que realmente importa: las personas. El Plan de Garantías Ciudadanas -que ya se aplica desde 2017 en la región- es la avanzadilla de la Ley, empeño muy particular de Podemos (la consejera que la promueve es uno de los dos miembros de Podemos integrados en el Gobierno socialista de García-Page), que condicionó su apoyo a la estabilidad del Gobierno al desarrollo de esta Ley.

 

Un buen precedente para el flamante presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que Podemos le propone un acuerdo de estabilidad condicionado, entre otros asuntos, al desarrollo en España de una Ley de Rentas Garantizadas.