LA GUERRA DEL PURÍN VISLUMBRA UNA SALIDA

Cinco empresas se han mostrado muy interesadas en los últimos meses por comprar y volver a poner en marcha las plantas de tratamiento de purines de Polán y de Consuegra, cerradas en 2014 como las otras 27 que operaban en el país, tras el ‘decretazo eléctrico’ del Gobierno de Rajoy. El cierre de las plantas ha provocado estos tres años riesgos y problemas medioambientales, económicos y de gestión de residuos para los ganaderos de porcino y conflictos sociales en los municipios afectados.

La planta de tratamiento de purines de Polán, inaugurada en 2009 y cerrada cinco años después.

 

A la planta de tratamiento de purines de Polán llegaban cada año 90.000 toneladas (la capacidad de 19 piscinas olímpicas) de los orines y el líquido que rezuma del estiércol de las granjas de cerdos de la comarca. La mitad procedían del mismo pueblo (en Polán había unas 35.000 cabezas en una docena de explotaciones). La planta, activa entre 2009 y 2014, facturaba al año 19 millones de euros transformando ese purín y gas en electricidad que vendían a la red eléctrica y en biomasa sólida que servía como abono.

 

Y, sobre todo, permitía solucionar un histórico problema a los municipios con granjas de cerdos, al tratar y eliminar unos residuos que en grandes dosis son muy contaminantes depositados sobre el terreno por la filtración de nitratos a los acuíferos y, también, por la emisión de CO2 a la atmósfera; además de molestos por el mal olor que generan.

 

Hasta la creación de las plantas de tratamiento, los purines terminaban esparcidos directamente en los campos o en balsas de desecación. Y a esas prácticas han tenido que volver todos estos años tras el cierre de las instalaciones, que obligó a los ganaderos a buscar, comprar, e incluso a alquilar, tierras donde volver a verter directamente los purines o a construir balsas, subvencionadas por el Gobierno regional desde principios de 2015, que han vuelto a poner al resto de los vecinos de estos pueblos en pie de guerra por lo que creen supone de retroceso en su bienestar.

 

Las empresas están pendientes de la nueva normativa que el Tribunal Supremo ha exigido al Gobierno tras anularle parte del ‘decretazo eléctrico’. El Ejecutivo pidió en noviembre una prórroga de dos meses para ultimarla y cumplir la sentencia

 

Buena parte de los 210 vecinos de Casasbuenas, con su alcaldesa a la cabeza, llevan semanas protestando contra una de estas balsas de purines que un ganadero de Polán pretende construir a menos de un kilómetro y medio de este pueblo a 24 kilómetros al suroeste de Toledo, no lejos de donde una empresa francesa proyecta construir un gran parque temático. Tras tres años muy complicados, como coinciden en señalar ganaderos, vecinos y políticos municipales, la solución parece volver a estar más cerca.

 

Vecinos de Casasbuenas, con su alcaldesa a la cabeza, llevan semanas protestando contra la construcción de una balsa de purines.

 

Javier García Bargueño, el administrador concursal de las plantas de purines de Polán y de Consuegra (esta última idéntica a la polaneca en cuanto a estructura, capacidad operativa y situación judicial) confirma que cinco empresas del sector “importantes y serias” se han interesado en los últimos meses por comprar estas dos instalaciones y han estado visitándolas con la intención de volver a ponerlas en marcha. “Hoy mismo otra nos ha pedido información”, señalaba el día que se realizó la entrevista.

 

 

Las empresas energéticas comenzaron a interesarse por la reapertura de las plantas de tratamiento de purines el pasado verano, después de que el Tribunal Supremo derogase parte del ‘decretazo eléctrico’ del Gobierno de Rajoy que en junio de 2014 recortó brutalmente el apoyo a las energías renovables, haciendo inviables estas plantas de cogeneración.

 

La orden ministerial había recortado un 40% las primas (el precio especial que se pagaba por la electricidad generada en estas plantas con el fin de apoyar las renovables y que se garantizaba hasta 2022) y lo hizo con efectos retroactivos desde el año anterior. El Supremo ha obligado al Gobierno a establecer nuevas tarifas ventajosas para estas instalaciones y a abonar a los perjudicados la diferencia entre el precio acordado con ellos y retirado por decreto y las nuevas retribuciones.

 

Tenían cuatro meses para hacerlo, pero en noviembre pidieron una prórroga de dos más para ultimar el nuevo marco y cumplir la sentencia. A la espera de las nuevas condiciones, las empresas del sector energético parecen mostrarse optimistas y dispuestas a comprar y volver a explotar estas plantas de cogeneración. De hecho ya han reabierto algunas en Cataluña y en Castilla y León.

 

Las plantas de Polán y de Consuegra siguen tal cual. “No se ha tocado ni un tornillo”, señala el administrador concursal, que ha mantenido en sus puestos a los directores técnico y financiero estos años confiando en su reapertura

 

Las de Polán y Consuegra también podrían volver a ponerse en marcha en muy breve plazo porque siguen tal cual. “No se ha tocado ni un tornillo”, confirma el administrador concursal de ambas, que confió desde un principio en su reapertura y por ello mantuvo en sus puestos a los directores financiero y técnico, que se han estado encargando del mantenimiento y su futura viabilidad, explica.

 

Las dos plantas fueron construidas y gestionadas por empresas constituidas por la multinacional Sener, con la gran mayoría del accionariado en ambas, y una pequeña parte testimonial en manos de algunos de los ganaderos que utilizaban las plantas y que en 2014 se lanzaron a la calle para intentar evitar el cierre de estas instalaciones, también los de Toledo.

 

Pablo Alejo Barrios, un ganadero de Guadamur, les puso entonces voz, pero no ha querido ahora hablar sobre el asunto. Tampoco otros ganaderos a los que se ha consultado. Sí lo ha hecho Javier Pérez, de Gálvez, la segunda población de la provincia en ganado porcino (con entre 12-14.000 madres y su prole que pueden sumar unos 250.000 cerdos). La Pueblanueva es la primera en este momento, cuenta él. “Con el cierre de la planta nos hicieron la puñeta, porque allí lo teníamos todo apañado: nuestro estiércol tratado, que además servía para generar electricidad y abonos y los acuíferos limpios. Cuando cerraron, la administración nos dijo que nos buscáramos tierras donde echar el purín”.

 

Este ganadero tuvo que conseguir 60 hectáreas de terreno, las que le exigieron de acuerdo a los residuos que generaba su explotación. “Sirven como abonos, pero hay unos límites de vertidos por hectárea y no puedes pasarlos porque los inspeccionan”.

 

En Gálvez las tierras se agotan porque además están prosperando los cultivos ecológicos que no admiten este tipo de vertidos como abonos, indica Manuel Martín, presidente de la cooperativa de piensos y también ganadero de porcino, aunque él tiene su explotación en Totanés y allí, indica él, de momento hay terreno de sobra para absorber el purín. De hecho, fue uno de los que no llegaron a utilizar la planta de Polán y siguió depositando los residuos de su granja sobre tierras de cultivo. “Hay que tener conciencia social. Lo que no puede ser es soltar una cuba a 200 metros de un pueblo”, dice. En cualquier caso, explica que los ganaderos de la comarca tienen que hacer cada vez más kilómetros para deshacerse de los residuos.

 

Este ganadero no confía en la reapertura de la planta de Polán porque su mantenimiento, dice, “era muy caro”. Tampoco Javier Pérez, aunque él por distinto motivo. “Yo creo que hay mucho politiqueo con las eléctricas y no interesa arreglarlo. Mira el sol que tenemos en España y hasta se han cargado las placas solares”.

 

Levantar y poner en marcha cada una de estas 2 plantas costó 30 millones de euros. Como principales acreedores han dejado a los bancos que las financiaron. Entre las dos daban trabajo a 50 personas.

 

El Partido Socialista de Polán ha llevado el impacto medioambiental y económico provocado estos años por su cierre a la Comisión Europea a través del eurodiputado socialista por Toledo Sergio Gutiérrez. Europa investiga una posible incompatibilidad del decreto del 2014 que paralizó las plantas con la normativa europea sobre energías renovables, explica el portavoz municipal Tomás Sánchez Urán.

 

En septiembre de 2015 su grupo consiguió que el pleno de Polán aprobara por unanimidad una moción en la que instaban al Gobierno del país a que volvieran a hacer viables estas plantas. El portavoz socialista está convencido de que la solución al problema solo pasa por ahí y él sí se muestra “optimista” con la reapertura, por la información que maneja y por los contactos que mantiene desde que se cerraron con todo el que pueda estar relacionado con el asunto.

 

“Con el cierre de la planta nos hicieron la puñeta, porque allí lo teníamos todo apañado”, dice este ganadero de Gálvez que se muestra escéptico ante la reapertura de las plantas.

 

“Estamos buscando cualquier estrategia para refinanciar y reabrir la planta de Polán en un marco de economía circular y responsabilidad social. Es una inversión en el desarrollo social y medioambiental que permite transformar en energía lo que se deja en charcas en mitad del campo, con los riesgos que entraña, y crear puestos de trabajo”. Sánchez Urán alerta también de los riesgos que estos vertidos suponen para el Tajo por las filtraciones a los acuíferos y arroyos próximos.

 

El alcalde de Polán, Alberto Virseda, del Partido Popular, no lo ve tan fácil. “No tenemos claro que vayan a volver a venir ayudas y aquí o viene una empresa con dinero o esto no es viable”. El alcalde señala que cuando se cerró la planta en 2014 fue “el primero en estar en contra. Fui al Congreso y al Senado para tratar este asunto con empleados de la planta pero no conseguimos nada”.

 

Explica que una vez paralizada, el Gobierno regional volvió a permitir verter los purines en zonas antes no autorizadas y estableció subvenciones para construir balsas de desecación que, según él, aún siguen autorizándose. “Los permisos los da la Junta y ahí nosotros no podemos entrar. Están dando hasta 60.000 euros a los ganaderos para que las construyan”.

 

Esas subvenciones procedían de los 868.000 euros que el Gobierno de Rajoy destinó a Castilla La Mancha (10 millones para todo el país) como compensación al cierre de las plantas de tratamiento y para que estableciera alternativas para la gestión de los purines. Las subvenciones fueron establecidas por el Gobierno de Cospedal unos meses antes de que perdiera las elecciones autonómicas de 2015. Tomás Sánchez Urán se preguntaba estos días en qué se ha invertido todo ese dinero. “La solución estaba a medio kilómetro y con ese dinero podrían haber mantenido las plantas, pero lo destinaron a extender el purín en el campo. Es surrealista”.

 

Mientras esto ocurría, el año pasado los socialistas de Polán también propusieron en el pleno municipal regular los vertidos y el traslado de cerdos, vivos y muertos, por el núcleo urbano, pero el PP lo rechazó y no salió adelante. El alcalde indica que su equipo no está trabajando en crear una ordenanza propia sobre este asunto porque “sería muy complicado”, advierte. Las balsas siguen construyéndose.

 

Virseda confirma que una está en obras en este momento y otras están pendientes de autorización por parte del Gobierno regional. El alcalde entiende las quejas de los vecinos: “nadie quiere una balsa al lado”, pero cree que de momento la única solución son “los vertidos controlados, pero en serio”. De esa vigilancia responsabiliza también a la Junta de Comunidades.

 

La consejería de Agricultura y Medioambiente no ha querido responder a las preguntas que se le han realizado sobre la política regional en esta materia y vía e-mail se han limitado a responder: “no hay información nueva. Nos remitimos a lo que digan los ayuntamientos”.

 

Sí se ha manifestado estos días sobre el asunto la Diputación de Toledo. Tras la reunión que el presidente Álvaro Gutiérrez mantuvo con el portavoz municipal socialista de Polán, mostró todo el apoyo a la reapertura de la planta.

 

VECINOS HARTOS Y PREOCUPADOS POR LOS VERTIDOS DE PURINES

 

Solo hay que preguntar en Casasbuenas por la balsa de purines que el ganadero de Polán Pablo García Vivar pretende construir, a menos de 1,5 kms del pueblo y a 3 de Polán, para que los vecinos disponibles salgan a la calle a dar su opinión contraria a la planta. Temen que los purines contaminen sus aguas subterráneas porque, advierten, el nivel freático es muy bajo en el municipio, por la contaminación del aire y por el mal olor que generan estas instalaciones.

 

“Vivimos entre naturaleza, tranquilidad y paz y así es como queremos seguir viviendo. Aquí no hay ni granjas”, dice la alcaldesa Paqui Reyes. El ayuntamiento ha contratado una empresa para que realice un estudio del impacto que la balsa tendría en el municipio y tiene previsto reunirse en los próximos días con el consejero de Agricultura y Medio Ambiente.

 

En este pueblo de 210 vecinos han creado una plataforma contra la instalación de purines que ha logrado en pocas semanas reunir 1.630 firmas de apoyo en el portal online Change y que quieren entregar en la consejería de Agricultura y Medio Ambiente, donde también iban a hacer llegar un escrito solicitando información sobre si la instalación ha sido ya autorizada y cuenta con declaración de impacto ambiental. La plataforma recuerda en él la cercanía de su pueblo y de pozos y expone una larga lista de legislación que, en su opinión, impediría autorizar esta instalación. “Son 17.000 metros cúbicos de purines los que nos quieren poner. Somos un pueblo chiquitito con muy pocos votantes y tememos que por eso interese menos a los políticos”, dice Victoria Esteban, una de las integrantes.

 

Eso sí: “cuando los poquitos empezamos a dar guerra somos muy cabezones”, advierte Juan Camuñas, que lamenta la imposibilidad de la plataforma de hablar con el ganadero. “Le llamamos por teléfono, queríamos proponerle la posibilidad de que trasladara el proyecto más lejos y explicarle que nosotros incluso podríamos intentar ayudarle con los gastos del cambio, pero nos dijo que él hacía en sus tierras lo que le daba la gana. Tiene mucho dinero, según él, no sé si es que con eso piensa comprar al que le firme”.

 

Otros vecinos, como Maximiliano Bernabé, ya han presentado en la Consejería sus alegaciones a título particular. “He mandado un folio y medio con un listado de normativa, entre leyes, decretos, órdenes y directivas europeas que impiden construir la balsa”, señala.

 

Tampoco esta revista ha podido hablar con el ganadero. Cuando visitábamos la finca donde pretende construir la balsa, en una ligera elevación del terrero que en Casasbuenas consideran que aún puede perjudicarles más, él y su hijo reaccionaron con graves insultos y amenazas que justificaban apelando al riesgo en que se estaba poniendo “el pan de los trabajadores de la explotación” por hablar en los medios de comunicación contra su proyecto. Una actitud que requirió la presencia de la guardia civil y que pone de manifiesto la tensión entre los ganaderos que en los últimos años buscan, como pueden, alternativas para deshacerse de los purines de sus granjas y la oposición de los vecinos a las molestias ocasionadas por los purines.

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