La gestión en las residencias de ancianos se someterá a una auditoría general

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, junto al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha momentos antes de su comparecencia.

 

El coronavirus se está ensañando especialmente con las personas mayores y ha causado un gran número de víctimas mortales en las residencias de ancianos de todo el país. Castilla-La Mancha, por su elevado número de residencias y de población mayor de 70 años, lo sufre con mayor intensidad, como revela el dato de que en 239 de las 400 residencias (desde el inicio del estado de alarma se han rebautizado como centros socio-sanitarios) se han confirmado casos de residentes enfermos de COVID-19.

 

Hasta el día de ayer, 6.370  residentes en los centros castellano-manchegos habían dado positivo y 1.254 han fallecido a consecuencia del virus (cifra que sólo contabiliza los casos confirmados, no incluye las muertes sospechosas pero sin confirmación). En este contexto, Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social del Gobierno regional, responsable de la gestión de estos centros de mayores así como de todos los que dependen de Bienestar Social (menores, acogida, dependientes, etc.), ha comparecido en las Cortes de Castilla-La Mancha para dar explicación del trabajo realizado para afrontar la pandemia. “Es la comparecencia más difícil y dolorosa que me toca realizar”, ha comenzado la consejera, quien ha aprovechado para  agradecer “a las entidades del Tercer Sector Social su compromiso y colaboración, así como a las entidades que gestionan los centros y a todos y cada uno de los y las profesionales de todas las áreas de Bienestar Social”.

 

 

El primer anuncio de relevancia que ha realizado en comisión parlamentaria la consejera de Bienestar Social ha sido el inicio, a partir de junio, de una auditoria general en las residencias de mayores de Castilla-La Mancha. «Esta auditoría se encargará a un grupo de expertos e incluirá las áreas social, sanitaria, arquitectónica y económica, ha detallado la consejera. El objetivo fundamental es elaborar una valoración exhaustiva de todos los indicadores relacionados con la calidad en la gestión de los centros residenciales de Castilla-La Mancha. La auditoria permitirá detectar las principales dificultades y deficiencias que ha sacado a la luz la lucha contra esta terrible pandemia, y  tiene que permitir la actualización de la aplicación del Sistema Nacional de Dependencia de Castilla-La Mancha. La auditoría se enmarca dentro del amparo que nos procura el marco de la Ley de Dependencia como el derecho que tienen las personas en España a los cuidados de larga duración, cuando pierden su autonomía y necesitan apoyos para el desarrollo de las actividades de su vida diaria”.

 

Aurelia Sánchez considera que la auditoría “será una oportunidad para desarrollar el auténtico modelo de atención centrado en la persona, donde los cuidados, las decisiones y los valores de las personas mayores se sitúen como principios fundamentales de acción”. 

 

La auditoria permitirá detectar las principales dificultades y deficiencias que ha sacado a la luz la lucha contra esta terrible pandemia, y  tiene que permitir la actualización de la aplicación del Sistema Nacional de Dependencia de Castilla-La Mancha.

 

Medidas contra el impacto de la Covid-19 en el Estado del Bienestar

 

Aurelia Sánchez ha aprovechado su intervención en comisión parlamentaria para detallar las medidas puestas en marcha con carácter de urgencia y coordinadas con la autoridad sanitaria, para que los centros, recursos, servicios y prestaciones en general, se adaptasen «a la situación sobrevenida en función de las necesidades de la ciudadanía para salvar vidas y proteger a los profesionales».

 

Según la consejera, «las medidas  han tenido como objetivo proteger a los residentes de cualquiera de los 737 recursos residenciales que hay en Castilla-La Mancha, y que engloban a 379 residencias de mayores, 155 viviendas de mayores, 131 recursos para personas con discapacidad y 72 recursos para menores. Así como para proteger la salud de los 22.000 profesionales que trabajan en alguno de estos centros. Hemos reforzado las plantillas con 548 contrataciones en los centros propios; la puesta en marcha de la bolsa de trabajo social extraordinaria con más de 4.800 personas inscritas y 500 ofertas de empleo; y el refuerzo de los centros residenciales con el personal de educación».

 

También ha destacado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha garantizado y ordenado la prestación de servicios y/o prestaciones para la ciudadanía y colectivos vulnerables. Así como un Plan de Inspección Específico de residencias de mayores que hasta el momento ha evaluado un total de 103 residencias de mayores.

 

Aurelia Sánchez ha indicado que se han adaptado y reforzado las metodologías en los servicios de Teleasistencia, con un Plan de Seguimiento Telefónico Intensivo que han realizado un total de 135.000 actuaciones, y se ha reforzado el seguimiento del 100% de los usuarios del servicio, especialmente las personas que viven solas; en Ayuda a Domicilio con un protocolo coordinado entre Sanidad y Bienestar Social que ha cubierto las necesidades básicas de los 22.086 usuarios del servicio, que no se han visto interrumpidas, salvo excepciones como en el caso de que la persona mayor tuviera apoyos familiares; así como los programas de apoyo a las familias que lo necesitaban por situaciones de violencia, separación o crianza complicada, de forma telemática, así como la protección de los 1.221 menores en acogida o tutela.

 

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