LA BATALLA DEL TAJO

 

 

Cuando el gobierno de Rajoy acordó con las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha, el memorándum sobre el trasvase utilizó una estratagema similar a la que el gobierno de Sánchez ha intentado para poder sacar adelante unos presupuestos generales del estado con 6 mil millones más de gasto, como había acordado con Europa. Es decir, utilizar una Ley en tramitación para introducir una enmienda que pudiera sortear el veto del Senado a esos presupuestos y que en realidad es el veto del PP y de Ciudadanos, mayoría en la mesa del Congreso, que ha impedido la tramitación de la enmienda. Era 2013 cuando el memorándum del Tajo-Segura se aprobó mediante enmiendas a una Ley que nada tenía que ver con el trasvase: la Ley de Evaluación Ambiental. De hecho, en la práctica, en lo que al agua del Tajo se refiere, esa Ley, con el memorándum introducido mediante enmiendas, lo que hizo fue establecer un régimen de garantías de funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura.

 

La Directiva Marco del Agua europea establecía que la planificación del Tajo se regularía mediante el Plan Hidrológico de la Demarcación; pero se utilizó la artimaña de una ley en tramitación incumpliendo diversas directivas y convenios, especialmente en lo que a la necesidad de información y participación pública se refiere. En 2015, cuando Cospedal había dejado de ser presidenta de Castilla-La Mancha, pero había sido nombrada ministra de Defensa, volvió a ocurrir la utilización de la misma artimaña para volver a aprobar el memorándum. Fue en la Ley de Caza, que entonces se estaba tramitando, donde se introdujeron de nuevo las enmiendas correspondientes. Y es que el Tribunal Constitucional había declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura a instancias del gobierno de Aragón, con quien se había omitido el preceptivo trámite de audiencia cuando el Tajo, que nace en la sierra de Albarracín, también discurre por esa comunidad.

 

En 2013 el Memorandum sobre el trasvase se introdujo en la Ley de Evaluación Ambiental que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en los puntos referentes al trasvase. El PP volvió a llevarlo en 2015, esta vez utilizando la Ley de Caza

 

La diferencia entre las votaciones de 2013 y de 2015 es que en la primera, salvo el “olvido” de Aragón, el gobierno de Rajoy podía presumir de que el memorándum se había pactado y tenía el acuerdo de las comunidades autónomas afectadas, incluida la Castilla-La Mancha de Cospedal, pero en 2015 de resulta de las elecciones autonómicas ese acuerdo ya no existía y corría prisa por aprobarlo sin debate apenas. De ahí la artimaña de colarlo en la tramitación de la Ley de Montes. Sánchez no ha tenido con los presupuestos la misma fortuna que tuvo Rajoy. En 2013 y repitió en 2015, el PP presentó una enmienda para derogar la disposición adicional primera de la Ley 11/2005 que establecía la prioridad de la cuenca cedente y decía “el volumen trasvasable desde la cabecera del Tajo se revisará en el futuro, oídas la comunidades autónomas afectadas, a medida que el gobierno lleve a cabo las inversiones precisas para que resulten adecuadamente satisfechas las necesidades de la cuenca del Segura”. En definitiva que según fueran incrementándose las alternativas para la obtención de agua en Levante, especialmente con la puesta en marcha de las desaladoras, el trasvase se iría reduciendo. Esa enmienda del PP eliminaba esa posibilidad y así los regantes no tendrían que renunciar a las dotaciones del trasvase.

 

No es extraño que mientras estaba viva esa disposición en Murcia y en Valencia no hubiera interés alguno porque las desaladoras entraran en funcionamiento. Toda esa agua se detraería de la cabecera del Tajo y a un costo probablemente superior. Y, como señalaban en su día Ecologistas en Acción, lo que se hizo fue establecer por Ley la división de hecho de la demarcación del Tajo en dos partes: una que pasó a depender de la cuenca del Segura y otra que se mantiene en el Tajo pero notablemente limitada por Levante. A esto se han agarrado estos días pasados en Murcia PP y Ciudadanos y el gobierno de Murcia para arremeter contra el secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien en una entrevista en la Opinión de Murcia negó el concepto de déficit de agua para la cuenca del Segura “Cada cuenca tiene el recurso que tiene y eso lo marca el ciclo natural”, dijo. Más adelante añadía que “Plantear interconexiones de cuencas que caminan hacia situaciones de impactos climáticos es como pedir que el mundo de la política y de la economía caminen en dirección contraria a la realidad natural. Hasta donde yo se las leyes de la naturaleza acaban imponiéndose sobre las del hombre”.

 

En la entrevista al diario murciano, el secretario de estado califica de utópico hablar de futuros trasvases, añadiendo que “sería engañar a la sociedad seguir dando vueltas a esa hipótesis”. En la entrevista recordó los 11 meses que no ha podido haber envíos de agua para concluir que “sería irresponsable fiar la sostenibilidad y el futuro de la actividad económica del territorio pensando en que Dios proveerá”. También planteó como un objetivo, el que puede ser la llave de la solución, que todo el agua sea al mismo precio independientemente del sistema que lo suministre, al igual que pasa con la energía eléctrica que no distingue si viene de centrales, nucleares, solares o hidroeléctricas. Aseguró que la tecnología ya permite obtener agua de la desalación a precios competitivos. Una riada de declaraciones provocaron la postura antitrasvasista de Hugo Morán, el presidente murciano las calificó de “aberración y disparate” y el PP exigía su dimisión.

 

El gobierno de García Page se muestra muy molesto con las palabras del presidente, Pedro Sánchez, de resulta de la reunión que mantuvo con el presidente de Murcia, López Miras

 

Días después, el pasado 25 de septiembre, el propio secretario de estado de Medio Ambiente, junto al delegado del Gobierno en la región, Manuel González Ramos, se reunían con los representantes de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía asegurándoles que para 2021 se habrá duplicado el agua obtenida por desalación, además de trabajar en la construcción de nuevos mecanismos de autosuficiencia y les informó de la resolución en breve de las obras de abastecimiento de la futura Mancomunidad de aguas de la zona que lleva años de retraso.

 

La de cal, o la de arena, según quien lo mire, vino después de la reunión celebrada en la Moncloa entre Pedro Sánchez y el Presidente de Murcia, Fernando López Miras, y en la cual, Sánchez garantizó el abastecimiento necesario para Murcia cumpliendo lo establecido en la ley vigente sobre el trasvase Tajo-Segura y mediante decisiones, dijo, que estarán siempre avaladas por el criterio técnico. Además, reiteró en la reunión que el Gobierno trabaja para la mejora de la autonomía y la garantía de abastecimiento de las cuencas receptoras del trasvase Tajo-Segura y, para ello, se flexibilizarán las fuentes de obtención del recurso y se dará mayor protagonismo a la desalación, que dijo debe pasar a ser una fuente convencional.

 

Una postura que desagradó al gobierno de García Page, el propio Presidente lo hacía notar en Talavera de la Reina durante la inauguración de la exposición ATEMPORA. La consejera de Fomento, Agustina García Elez, pedía al Gobierno de España que cumpla con los compromisos que manifestó después de tomar posesión cuando la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera dijo apostar por la sostenibilidad, la ecología y el medio ambiente de los ríos, y cuando se refirió a los trasvases a los trasvases como “algo extraordinario que no puede convertirse en ordinario”. Frases que no han ido acompañadas de los hechos pues en este tiempo se han aprobado tres nuevos trasvases de agua del Tajo al Segura.

 

Según se acercaba la fecha de la reunión entre Pedro Sánchez y García Page del 15 de octubre se han ido incrementando las quejas hacia el gobierno nacional. El Presidente regional planteaba la necesaria reivindicación del agua “gobierne quien gobierne”, decía, “porque el agua es vida y cada metro cúbico es una materia prima tan valiosa como el diesel o la electricidad”. Y hacía un llamamiento “para que la gente defienda el agua con el mismo ahínco que se protesta por la subida de la luz, pues es determinante para la generación de empleo y para la naturaleza en sí misma”.

 

El malestar del gobierno regional con el nacional por este asunto parece ya trascenderlo y abarca otras áreas. El presidente castellano-manchego ha pedido, al igual que se han comprometido con Cataluña, que el Gobierno de España haga frente a lo que considera una deuda histórica del Estado con Castilla-La Mancha. A tal fin La Junta de Comunidades ha pedido la convocatoria de la Comisión Bilateral entre el estado y la región para reclamar el dinero que se le adeuda a Castilla-La Mancha y que según el consejero de Hacienda Ruiz Molina asciende a seis mil millón de euros, a razón de 1000 millones de euros anuales, en materias como la dependencia o la sanidad.

Francisco José Gómez Herruz
Francisco José Gómez Herruz

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