Importante paso para frenar el ’empleo basura’

Gobierno y sindicatos en la firma del Acuerdo de Estabilidad en el Empleo.

 

Más de 30.000 trabajadores podrán ver mejoradas sus condiciones laborales y sus salarios si se cumple lo pactado en el III Acuerdo de Estabilidad en el Empleo de las Contratas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo han firmado en Cuenca (17 de julio) el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, por parte de la Junta; Paco de la Rosa, secretario General de CCOO CLM, y Carlos Pedrosa, secretario general de UGT CLM.

 

Se establecen medidas de estabilidad y calidad en los empleos que generen las contratas que prestan sus servicios a la Administración de Castilla-La Mancha. Lo ha explicado el presidente García-Page: “La Administración es el conjunto de sus trabajadores públicos, en primer lugar, y los más de 30.000 trabajadores que prestan servicios a la Administración a través de las empresas privadas y, también, la multitud de relaciones comerciales que existen con cerca de 9.000 millones de euros que se ponen en circulación sólo con el funcionamiento normal de la Administración, que es a lo que ascienden los presupuestos regionales. Este acuerdo tiene una carga importante porque nos recuerda el origen de nuestro proyecto político, en el sentido de que la Administración no puede servir para que ninguna empresa que nos presta servicios abuse de los trabajadores; y eso es lo que este acuerdo no permite”.

 

Así, la Administración regional no podrá contratar con aquellas empresas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y delitos contra los derechos de los trabajadores. Tampoco se permite la contratación con las empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia laboral o social.

 

Los órganos de contratación de la Junta de Comunidades  velarán para que la oferta económica presentada por la empresa adjudicataria responda a las retribuciones y salarios establecidos por convenio colectivo y que las empresas deberán acreditar esta condición mediante declaración responsable.

 

Se establece que en los pliegos de contratación se especificará como motivo de resolución del contrato que la empresa adjudicataria no abone a cualquiera de los trabajadores adscritos al contrato los salarios que les correspondan según el convenio colectivo que resulte de aplicación. Entre esas posibles causas de resolución del contrato figura el que la empresa no pague durante dos o más meses a cualquiera de los trabajadores del contrato la totalidad de los salarios y cantidades adeudadas por la empresa, que no cumpla con el deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores del contrato o que no abone las cuotas a la Seguridad Social.

 

Además, si durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria debe contratar nuevo personal, los órganos de contratación de la Junta establecerán la obligación de que la empresa oferte primero dichos puestos a aquellos trabajadores de sus plantillas, si supone una mejora profesional y, si no se da esa circunstancia, contrate a personas que se encuentren en situación legal de desempleo.

 

Los líderes sindicales de la región han valorado muy positivamente el acuerdo alcanzado con el Gobierno. Paco de la Rosa, de CCOO, ha recalcado que  “ninguna Administración pública debe permitir la explotación o la pérdida de dignidad de los trabajadores y trabajadoras, en este caso, de quienes prestan servicios públicos a través de empresas privadas. Con este Acuerdo se va a recuperar la dignidad a más de 30.000 trabajadores y trabajadoras, especialmente mujeres, así como blindar derechos mínimos, a la vez que se garantiza la prestación de unos servicios públicos de calidad. Ni un solo servicio externalizado puede convertirse en una subasta al mejor postor, sin importar ni el servicio que se presta, ni las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras que son contratados, pues, qué duda cabe, la estabilidad en el empleo, las condiciones salariales dignas, la prevención de riesgos laborales, el respeto a los derechos sindicales, etc, son garantía de calidad no solo en las relaciones laborales, sino también en la prestación de los servicios públicos”.

 

El Gobierno cancelará el contrato de vigilancia y seguridad de los edificios de la Junta

El consejero de Hacienda ha anunciado que “la próxima semana estaré en condiciones de pedir autorización al Consejo de Gobierno para resolver el contrato con las empresas de seguridad y vigilancia de los edificios de la Junta de Comunidades en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, una vez que el Ejecutivo regional dispone  de todos los informes que avalan que el comportamiento de la Administración es el adecuado. Debemos exigir a las empresas que paguen a sus trabajadores, no de acuerdo con lo que ellos consideran oportuno, sino con los acuerdos que rigen a nivel estatal. La próxima semana actuaremos con contundencia contra un contrato que perjudica enormemente a los trabajadores».

 

La consejería de Hacienda ya advirtió semanas atrás a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A. y Cyrasa Seguridad S.L., el inicio del procedimiento de resolución del contrato, al constatar el recorte salarial aplicado a sus trabajadores (de 300 euros) al imponerles su propio convenio de empresay no el estatal.

 

Los trabajadores afectados se habían movilizado en protesta por este abuso.