García Molina en la encrucijada

 

Las atropelladas excusas y explicaciones de José García Molina sobre el notable incremento que su declaración de bienes de 2017 arrojaba respecto a la de 2015, ha sido el último traspié que el ascenso a vicepresidente segundo del Gobierno ha provocado en el secretario regional de Podemos. Una mayor exposición pública y unos hábitos todavía de oposición que aún no ha sabido resolver satisfactoriamente  para su imagen marcan sus primeros días en el Gobierno.

 

El incremento de exposición pública que le ha supuesto ser nombrado vicepresidente segundo del Gobierno le ha originado serios problemas de comunicación y de imagen al secretario regional de Podemos Castilla-La Mancha. Perder la patente de opositor, y por tanto de sacerdote de la crítica, y pasar a la otra orilla, a la de feligrés que tiene que responder de sus pecados, ciertos o no, eso ya lo dicen otros, le han introducido en un mundo desconocido para él en el que no vale la sonrisa displicente como respuesta. Ahora hay que argumentar. José García Molina es mejor en el ejercicio de la oposición que en el del poder. En realidad eso le pasa al común de los humanos.

 

Las carencias en el ejercicio del poder las demostró en la manera de solventar las críticas internas, las recibidas del miembro del Consejo Ciudadano regional y rival suyo en las primarias que Podemos Castilla-La Mancha celebró este año para la secretaría regional, Fernando Barredo. Con la excusa de una denuncia periodística, ni siquiera policial o judicial, le apartó del Consejo Ciudadano al que pertenece por votación de los militantes. Ni siquiera fue la Comisión de Garantías, que tan descafeinada ha quedado en Podemos, quien tomó la decisión. El mal uso del poder en este caso ha tenido aún peor justificación cuando declaró este mes que Fernando Barredo estaba apartado hasta tanto se resolviera una investigación policial que estaba abierta. La investigación es una agresión que este sufrió en su casa a manos de un sicario. La policía y el juez consideran sospechosos y por tanto investigados a otros dos miembros de Podemos que no han sufrido sanción ni medida cautelar alguna por parte del partido que dirige García Molina.

 

Un hecho, el de la agresión, que poco tenía que ver con la política hasta que no fue utilizado para apartar al crítico Barredo del Consejo Ciudadano regional. Esto que ya chirriaba cuando estaba en la oposición, aunque no dejaba de ser una cuestión interna de partido, sube de grado notablemente al ser un vicepresidente del Gobierno el que ofrece tan esperpéntica justificación.

 

El segundo asunto que adquirió una notoriedad elevada, la hubiera tenido igualmente pero no con él de protagonista, fue la enmienda que PSOE y Podemos conjuntamente presentaron en agosto, durante las vacaciones, a la ley en materia de gestión y organización de la administración, con la que se pretendían consolidar niveles funcionariales a los cargos de libre designación y además que fuera de manera retroactiva desde el inicio de la autonomía. En el Gobierno de ese momento, compuesto solo por socialistas, ninguno de sus miembros obtenía beneficio de ello; pero sí lo obtendrían los ya anunciados nuevos miembros de Podemos, García Molina y la consejera, Inmaculada Herranz. Al ser con carácter retroactivo también se verían beneficiados antiguos cargos del PSOE y del PP. La oposición sindical consiguió que finalmente se retirara la enmienda.

 

Un tercer asunto han sido las anunciadas entrevistas que García Molina mantuvo con Ada Colau y con Oriol Junqueras. Curiosamente obtuvo mucho mayor eco el anuncio de esas entrevistas que las entrevistas en sí, cuyo resultado parecieron no interesar ya a nadie, incluido sus propios protagonistas. Cuando se anunciaron el PP, la prensa conservadora y la propia Generalitat catalana pusieron el acento en la cualidad de vicepresidente segundo del Gobierno que ostenta García Molina. Desde el Gobierno regional se había intentado sin éxito evitar la entrevista con Junqueras; pero lo que sí se hizo fue negarla como acción del gobierno, señalando que iba a título personal en calidad de sus cargos en Podemos Castilla-La Mancha y a nivel nacional, como responsable de Políticas Autonómicas. El propio García Molina declararía posteriormente que no iba como vicepresidente segundo del Gobierno. El problema es que, una vez más, el asunto no hubiera tenido la misma relevancia si no lo fuera.

 

El acontecimientos más reciente al que se ha visto expuesto de manera negativa con mayor intensidad por su cargo en el Gobierno, y al que no ha sabido dar una respuesta adecuada desde el primer momento, ha tenido que ver con su declaración de bienes ante las Cortes de Castilla-La Mancha. En 2015, cuando fue elegido diputado y vicepresidente primero de las Cortes, declaró tener 39.879 euros en el banco. En 2017, también en su propia declaración en el portal de transparencia, decía contar con 145.979 euros, 60.000 euros correspondientes a un Fondo de Inversiones que en años anteriores no había declarado. Estas cantidades reflejaban una notable capacidad de ahorro, como puso de manifiesto el diario ABC que dio la noticia, para quien asegura tener limitados sus ingresos a la cantidad máxima de tres veces el salario mínimo profesional.

 

La primera reacción de García Molina fue la habitual en estos casos, descalificar la información “falsa y absolutamente vergonzosa”, dijo que era, haciendo responsable de la misma al PP, partido que consideraba como fuente del periódico, y asegurar que con dicha información “solo se responde a la intención política y se falta a las normas éticas de la política y del periodismo”. Unas arriesgadas descalificaciones cuando la información se basaba en los números de las declaraciones que el propio García Molina había realizado. Días después el vicepresidente compareció en la Comisión de Asuntos Generales del Parlamento autonómico para explicar su situación patrimonial. Allí intentó justificar no haber declarado el Fondo de Inversiones de 60.000 euros, del que dijo que era anterior a su entrada en política, y responsabilizó a terceros, sin especificar quienes, el no haberlo declarado, porque, dijo, “pregunté y nadie me dio una explicación sobre si debía incluirlo”.

 

Ha sido ahora, al rellenar la aplicación informática del Gobierno, cuando le han dicho, asegura, que tenía que declararlo y donde ponerlo. Otro incremento de ahorro se debe, según señaló, a una indemnización recibida por la muerte de su padre, así como que su capacidad de ahorro se vio incrementada al haber finalizado el pago de una hipoteca y al asegurar que es una persona austera en sus gastos. En esa comparecencia, García Molina señalaba que durante estos dos años “nadie le ha dado la mayor importancia”. Y tiene razón, pero ahora es vicepresidente segundo del Gobierno y no es lo mismo ser vigilante que estar vigilado.