Fuegos de artificio

En el contexto del debate presupuestario de Castilla-La Mancha, hemos asistido a una serie de posicionamientos un tanto curiosos y a alguna puesta en escena caracterizada por una cierta sobreactuación; todo ello seguramente llevado por la necesidad de demostrar la ruptura de la inercia casi histórica de mayorías absolutas y de mostrar a la ciudadanía la ausencia de las mismas y, con ello, la dependencia del gobierno de una minoría parlamentaria.

 

En efecto, tras una pomposa presentación de las cuentas como fruto de un pacto que incluía numerosos compromisos de investidura y avalada con la presencia inusual en estos casos del propio Presidente del Gobierno y del líder regional de Podemos se pasó a amagar con la abstención de éste último grupo parlamentario ante la enmienda a la totalidad presentada por el PP, lo que, de llevarse a cabo, hubiera supuesto la devolución de las cuentas públicas previamente pactadas y la prórroga de los presupuestos del anterior ejecutivo. Toda una inconsecuencia.

Finalmente, las cuentas se aprobaron en sus grandes números, a falta de enmiendas parciales, y continúan su tramitación parlamentaria. Unas cuentas que, a pesar de las restricciones impuestas por la legislación estatal en relación con el control del déficit y la política de financiación de las comunidades autónomas, reparan en cierta medida, como es lógico, los destrozos sociales y las restricciones impuestas en los servicios públicos dependientes de la Comunidad en materias esenciales.

 

Pero, sin duda, el asunto más llamativo que se ha colado en el debate parlamentario de forma colateral al presupuestario y que ha generado una cierta controversia política y social es el referido a la prestación de la asistencia religiosa en los hospitales y su financiación. Un tema controvertido cuya forma de abordarse mediante una proposición no de ley suscrita conjuntamente por el PSOE y Podemos solo ha contribuido a generar ruido mediático y a producir algunas escenas mas propias de otro tiempo, donde algunos representantes políticos parecían pedir perdón al arzobispo de Toledo por tan “osada” iniciativa aprestándose a visitarlo, a la vez que desde los firmantes se le quitaba trascendencia al asunto llegándose a afirmar que dicha asistencia jamás se suprimiría. Por supuesto saco este tema a colación porque con asuntos como éste no conviene hacer fuegos de artificio ni utilizarlos como adorno ideológico si no se está dispuesto, como es el caso, a resolverlo de una forma definitiva y, desde luego, seria.

 

Lo que han hecho los firmantes de la proposición de instar al Gobierno de la nación para que releve a la Comunidad Autónoma de la obligación de financiar la asistencia religiosa en los hospitales con cargo a su presupuesto solo es una forma de desviar la responsabilidad sin tomar ninguna decisión comprometida al respecto. Ante el mantenimiento de unos acuerdos con la jerarquía católica que la privilegian absolutamente y que tienen un difícil encaje constitucional solo cabe su resolución mediante la correspondiente denuncia de los mismos. Lo demás son fuegos artificiales, búsqueda de titulares y apariencia de un cierto radicalismo en la difícil tarea de demostrar que se tuerce un poco la muñeca al Gobierno.

 

La regulación legal de esta asistencia proviene del acuerdo suscrito en 1985 entre el Estado y la iglesia católica desarrollado con posterioridad mediante un convenio de 1986 en el que el primero asumía la financiación de la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios públicos y que, a estas alturas, supone detraer de la asistencia sanitaria nada menos que 425.000 € en nuestra Comunidad Autónoma derivadas de aquel compromiso.

 

Convendría, sin embargo, determinar con exactitud si en esos fondos que forman parte de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas está precisada la condicionalidad de su uso o si sobre estos, como en otros ámbitos presupuestarios, el parlamento tiene la capacidad de decidir su destino, en cuyo caso debería obrarse en consecuencia.

 

Tal vez una decisión valiente abriendo el conflicto pondría tanto al Estado como a la propia iglesia católica ante la obligación de abordarlo. La autofinanciación de la iglesia en la atención a sus fieles, en ésta como en otras materias, permitiría de una vez por todas que aquellos ciudadanos que no profesamos religión alguna o aquellos que profesan otras no seamos obligados a pagar con nuestros impuestos lo que la tacañería habitual de muchos católicos no paga. A pesar de que la jerarquía católica recibe solo en materia de IRPF más de 250 millones de euros al año, que aportamos todos, tengamos o no creencias religiosas. En definitiva, más decisiones políticas y menos fuegos de artificio.

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Juan Jose Gonzalez

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