EL RIESGO DE OLVIDAR

La Universidad de Castilla La Mancha lidera desde hace un año un proyecto de investigación para cuantificar y concretar las dimensiones de la represión de la dictadura franquista en la región. En unos meses su registro de víctimas alcanza las 22.000 y hay varios miles más pendientes de las últimas comprobaciones que están a punto de ser incluidas. No son ni un cuarto de las que se esperan. El proyecto, que pretende salvar una enorme laguna en los datos nacionales, requiere de financiación para poder seguir adelante.

Número 15, repor.

Número 15, repor.

«Este asunto es una asignatura pendiente en Castilla-La Mancha, una investigación que ya se ha realizado en casi todas las comunidades autónomas y con mucho más reconocimiento que aquí. Aquí llegamos tarde y además corremos el riego de no llegar si no se arbitran mecanismos de colaboración, porque las víctimas y testigos están desapareciendo y también los documentos”. Lo advierte Manuel Ortíz Heras, doctor en Historia Contemporánea en el campus de Albacete y director del ambicioso proyecto en el que trabaja la Universidad de Castilla La Mancha.

 

En este primer año se han dado tres pasos fundamentales: forzar la apertura de archivos y acelerar la consulta de las sentencias y otros documentos, crear un registro de víctimas detallado y contrastado con documentación oficial y recuperar y aglutinar las investigaciones dispersas que se han realizado hasta ahora sobre la represión franquista en la región.

 

El primer paso requirió hasta la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,Vicente Rouco, que tuvo que mandar una circular a los jueces de las cinco provincias pidiéndoles que no pusieran trabas a estos investigadores para consultar los archivos judiciales. La mandó después de que los responsables del proyecto universitario le presentaran una queja porque una jueza de Guadalajara había llegado a advertirles en una conversación oral que solo “por encima de su cadáver” consultarían la documentación relacionada con la represión, recuerda Manuel Ortíz.

 

“A raíz de aquello, la mayoría de los jueces nos han respondido muy favorablemente, pero aún quedan unos cuantos, incluida esa jueza, que o no responden a las peticiones o alegan que no tienen espacio para el investigador o que interferimos en el trabajo de los funcionarios”. Se han enfrentado también a la dificultad de consultar archivos de pequeños pueblos que no suelen estar bien conservados y resultan casi inaccesibles, con el problema añadido que supone llegar hasta ellos en una comunidad tan extensa.

 

 

Y a las trabas del Ministerio de Defensa que custodia los procesos de los juicios sumarísimos a los represaliados. “Están en un estado lamentable, se está destruyendo el papel y no hay copias. Cuando se aprobó la ley de Memoria Histórica (2007) se contempló digitalizarlo todo a través de distintas universidades, entre ellas la nuestra, pero hasta ahora solo lo han hecho de 3 provincias. Nuestra Universidad lleva un año intentando firmar un convenio con ellos y no hay manera. De momento nos dicen que tenemos que pagar por cada copia que hagamos. Necesitaríamos no menos de medio millón de euros. No tenemos ese dinero”.

 

La violencia se cebó en castilla la Mancha. hay localidades en las que el número de víctimas es elevadísimo, muy por encima de la media nacional

 

En todos esos archivos estan localizando miles de sentencias que están permitiendo poner nombre a las víctimas y saber dónde y cuándo fueron ajusticiadas. “Nos estamos encontrando a mucha gente, ya muy mayor, que por fin, al cabo de muchos años, se entera por nosotros de lo que le ocurrió a su padre o a su hermano, porque hasta ahora solo les constaba que habían desaparecido. Algunos ni siquiera sabían que su familiar había militado en una organización política y que por ello había sido condenado. A muchos les habían llegado a decir que eran delincuentes. Esto está suponiendo un alivio tremendo a mucha gente”, explica el director del proyecto.

 

Cuando algunos nos acusan de que está investigación está abriendo heridas, les digo que para lo que sirve es para cerrarlas. Las familias nos están agradeciendo mucho la información. ¿Cómo es posible que se les niegue el derecho a llevar flores a su padre o a su abuela porque aún no saben dónde están enterrados?”

 

Claro que también se han enfrentado a tres familias que se negaban a que los datos de sus allegados aparecieran en el registro público de víctimas que la Universidad ha habilitado. “El nieto de una víctima, de Guadalajara, amenazó con denunciarnos si no retirábamos los datos de su abuelo. Nos reconoció que todo era cierto, pero que él había decidido olvidar. No los retiramos, esos datos son públicos”, explica Ortiz.

 

EL REGISTRO de víctimas detalla el caso de cada una en 22 campos que incluyen desde datos personales a las circunstancias en las que fue apresada, el castigo y otros detalles incluidos en un apartado de observaciones; por ejemplo, si consta quién denunció, declaró en contra o le avaló. No solo procede de las sentencias que están analizando; también de familiares o testigos que les están haciendo llegar los casos que conocen y entregando la documentación que conservan.

 

Y, también, de la información que han ido recabando a lo largo de los años los foros y asociaciones por la memoria histórica, que también están colaborando en el proyecto universitario. Toda la información es contrastada en archivos oficiales antes de incluirse en el registro.

 

 

Y ese requisito deja fuera, al menos de momento, a víctimas sobre las que no queda ningún papel. “Cuando acabó la guerra, entre abril y septiembre del 39, mucha gente fue encarcelada simplemente porque alguien les acusaba, en distintos lugares según el pueblo: en la plaza de toros, en un almacén… De eso apenas quedan pruebas documentales. En el castillo de Yeste (Albacete) llegaron a recluir a 900 personas literalmente hacinadas, en un espacio donde no caben ni 300, en condiciones dantescas, sin comer, tenían que ponerse de acuerdo hasta para girarse”.

 

Manuel Ortiz conoce la historia porque cuando comenzó a trabajar en su tesis sobre la represión en la provincia de Albacete, hace 30 años, aún pudo entrevistar a víctimas de aquella cárcel improvisada que no pudieron cobrar la indemnización establecida por el Gobierno en los años 80 para los damnificados por la Guerra Civil y la dictadura, porque ni tenían ni se había hecho nunca -o al menos no constaban en los archivos- ningún documento sobre su encarcelamiento.

En 2010 se rescataron los restos de 17 republicanos fusilados tras la Guerra en Menasalbas.

 

El registro se puede consultar en la web http://victimasdeladictadura.es. También ahí se puede encontrar más información sobre el proyecto y contactar con el equipo para aportar cualquier dato del que se disponga. Hasta el cierre de esta edición se habían incorporado los casos de 21.800 víctimas, aunque el equipo está pendiente de las últimas comprobaciones para agregar en breve varios miles más.

 

Pendientes de incluirse están también otros 2.000 registros de Guadalajara que el Foro de Memoria Histórica va a facilitar al proyecto universitario. Y para finales de 2016 esperan incorporar también los datos de Ciudad Real que forman parte de la investigación antropológica realizada por el profesor de la UNED Julián López, también dispuesto a colaborar con el proyecto de la Universidad regional una vez haya presentado su trabajo.

 

Y un gran respaldo a ese registro será también la tesis de Julia Gallego, que prevé leer en unos meses. Durante 20 años ha investigado todos los expedientes de depuración a la que fueron sometidos los maestros en las cinco provincias de Castilla La Mancha. “Es increíble la información que ha conseguido. Como todos los funcionarios tras la Guerra Civil, los maestros tuvieron que pasar por un proceso de depuración en el que tenían que acreditar que no habían tenido ninguna vinculación con ningún partido ni sindicato republicano. Fueron expulsados de la profesión muchísimos maestros por esto y esa fue una de las razones por las que se cerraron muchas escuelas y se disparó el analfabetismo en los años 40. Hasta que pudieron sustituirlos por otros, en muchos casos por personas sin cualificar”, cuenta Manuel Ortiz.

 

“Tendemos a quedarnos solo con los fusilamientos y la prisión, pero la dictadura tuvo muchas maneras de castigar y una de ellas era marcarte por el hecho de que alguien te hubiera considerado sospechoso. Que en la España de los 40 te llamaran a un juzgado militar, aunque luego te absolvieran, suponía que ya tenías un estigma de rojo y con ello la pérdida de tu trabajo, y que tuvieras que irte de tu pueblo para intentar vivir en paz. A partir de ahí uno se puede hacer idea del impacto de la represión. Por eso las cifras se nos quedan tan cortas. En este registro que estamos haciendo ahora no solo están las personas que fueron fusiladas”.

 

La investigación abarca desde el final de la Guerra Civil hasta la supresión del Tribunal de Orden Público en 1977. También está resultando clave para ir forjando esa imagen global de lo que ocurrió en Castilla La Mancha poner en común las investigaciones realizadas hasta ahora en la región, la mayoría muy específicas. Es el tercer paso que se ha dado durante este primer año.“Vamos como hormiguitas y a cuentagotas, nos queda mucho por hacer, pero este primer año hemos hecho un esfuerzo muy importante y hemos conseguido un mundo comparado con lo que teníamos”, reconoce el director del proyecto.

 

La investigación se quedó sin financiación hace unos meses, tras agotar la aportación económica facilitada por la Junta de Comunidades a finales de 2014 para el inicio. “Necesitamos que la Junta vuelva a implicarse en este proyecto para poder seguir investigando. Estamos pendientes de su respuesta. En Castilla La Mancha no hay iniciativa privada ni asociaciones que tengan recursos, tienen que ser las administraciones públicas las que colaboren desarrollando una buena política de investigación y de becas”.

 

EL RETRASO en la investigación para determinar lo que realmente ocurrió y cómo tiene mucho que ver con esa falta de recursos. Pero también, señala Manuel Ortiz, “porque a diferencia de lo que ocurrió en otros países, como Argentina o Alemania, en España al franquismo no se le derrotó y la dictadura duró nada menos que 40 años. Y luego con cómo se hizo la transición, que en nuestro país fue a partir del olvido».

 

«Es verdad que eso pudo facilitar las cosas para la recuperación de las libertades, pero con el tiempo ha creado varios problemas: el tener que recuperar ahora toda esa información, que las generaciones más jóvenes no sepan lo que ocurrió en este país aquellos años, que no tengan ni idea de quien era Franco; y que todavía no se pueda hablar de la dictadura y de la Guerra Civil con normalidad en muchos espacios”.

 

El retraso en Castilla La Mancha -aún mayor- no se ha debido a que la represión fuera menor aquí. “Me atrevería a decir que aquí, proporcionalmente, fue mayor que en ninguna otra. La violencia se cebó con Castilla La Mancha. Hay localidades en las que el número de víctimas es elevadísimo, mucho mayor que la media. Y eso debería provocar una mayor demanda social de esta investigación, pero lo cierto es que no la está teniendo como en otras comunidades”, lamenta Ortiz.

 

“Tenemos escasa cultura democrática, el peso de la tradición sigue siendo excesivo y la llegada de la Universidad se ha producido más tarde que en otros sitios. Y si sobre la represión franquista tenemos grandes lagunas, sobre la transición ni te cuento. Se ha escrito poquísimo”.

 

El equipo de investigación, formado por 12 profesores, ha perdido en los últimos días a un referente en Toledo, José María Ruiz Alonso. “Cualquiera que investigue sobre este asunto tiene que tenerle en cuenta. Yo mismo soy un gran deudor de su obra”, señala el investigador Benito Díaz, también miembro del equipo. El historiador Ruiz Alonso fue el primero que investigó la zona repúblicana durante la Guerra en Castilla La Mancha y el primero que hizo un listado de víctimas.

 

 

LA INVESTIGACIÓN DE MORALES COMIENZA EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

Juan Antonio Morales, investigador Guerra Civil en Torrijos

 

El abogado Juan Antonio Morales Gutiérrez lleva 14 años investigando qué pasó, cómo se vivió y quienes fueron los protagonistas y las víctimas durante la segunda república, la guerra civil y la posguerra en la comarca de Torrijos. Para él es fundamental abordar esta etapa desde 1930 “para ver el porqué de las cosas”.

 

En estos años ha analizado más de 2.000 procedimientos sumarísimos en el Archivo Militar de Madrid -desclasificados con la Ley de Memoria Histórica- y ha indagado en otros muchos archivos que “hasta hace poco habían permanecido bien guardaditos”. Todo ese trabajo se resume en tres libros ya publicados y un cuarto que se centra en Santa Olalla y que está a punto de editarse.

 

Sus obras incluyen listados con los nombres de los republicanos y nacionales que murieron por cuestiones políticas aquellos años. En el caso de los primeros, “no solo los que pasaron por tribunales militares al volver a sus pueblos tras la Guerra, también ‘los muertos en caliente’, que no tuvieron juicio y no están recogidos en ningún registro público”.

 

La Guerra en esta comarca, recuerda él, duró 3 meses. “El 22 de septiembre de 1936 ya la controlaban los nacionales”. Morales Gutiérrez, que reivindica su independencia como investigador, participó en 2008 en el encuentro de historiadores que organizó la Universidad de Castilla La Mancha para abordar este periodo histórico.

 

 

BENITO DÍAZ, UN EXPERTO EN EL ESTUDIO

DE LOS MAQUIS

 

El investigador Benito Díaz.

El investigador Benito Díaz.

Hace 15 años, cuando comenzó a interesarse por los republicanos que se escondieron en los Montes de Toledo y en la Sierra de Altamira al terminar la Guerra, “esto era un asunto casi desconocido y realmente me desbordó la enorme represión, la cantidad de gente que murió y de la que no había entonces ninguna constancia”, explica este investigador talaverano, profesor de la Universidad de Castilla La Mancha.

 

“1941 fue un año terrible. Una veintena de personas fueron fusiladas en Navahermosa simplemente por haber dado un mendrugo de pan a estos huidos o porque eran cabreros y habían visto por casualidad a alguien que estaba escondido. Muchas mujeres por ser simplemente madres o mujeres de estos guerrilleros fueron ultrajadas, las obligaban a beber aceite de ricino o las pelaban y las paseaban por la ciudad para mofa y escarnio público”.

 

“En 1946 el problema dejó de existir en la provincia de Toledo porque la guardia civil ya había detenido a muchos y los otros se fueron entregando. Si el régimen hubiese permitido la inserción de los vencidos en la sociedad esto no hubiese existido, al menos en esta provincia. Aquí los que se fueron a la sierra lo que pretendían simplemente era sobrevivir. No tenían ninguna capacidad de resistencia, solo tenían alguna escopeta o pistola vieja y casi ninguna munición”.

 

Durante su investigación ha entrevistado a centenares de personas, incluidas todas las víctimas que quedaban vivas y huyeron a estas sierras, una veintena de guardias civiles que participaron en las persecuciones y a enlaces. Sus nombres y las conclusiones de su trabajo también se están incorporando al estudio de la Universidad regional y se narran en tres libros individuales sobre estos guerrilleros, otros tantos colectivos -Benito Díaz coordinó hace unos años una publicación sobre la guerrilla en Castilla La Mancha- y en numerosos artículos.

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