EL MUSEO DE LOS RECORTES

 

 

El Museo del Ejército de Toledo parece terreno abonado para que las empresas concesionarias que le dan servicio apliquen políticas laborales especialmente lesivas para los trabajadores. Los conserjes, el servicio de limpieza y ahora los vigilantes de seguridad que sin armas, a pesar de estar España en nivel 4 de alerta, y con sueldos que desde mayo han visto reducidos en un 40%, alrededor de 800 euros gana el más afortunado, se enfrentan a un trabajo delicado y en ocasiones arriesgado.

 

Primero fue Proman Servicios Generales S.L., la empresa de conserjería que desde que se hiciera con la adjudicación del servicio provocó numerosos conflictos laborales, muchos de ellos por el reiterado impago de salarios, por otra parte mínimos, de la plantilla. Habiendo sido incluso sancionada por la Inspección de Trabajo primero y condenada por el Juzgado de lo Social de Toledo después por vulnerar la libertad sindical. Finalmente y después de muchos meses de movilizaciones de los trabajadores el ministerio de Defensa rescindió el contrato con esta empresa.

 

Situación similar corrieron el pasado año las trabajadoras del servicio de limpieza del Museo, que vieron como la empresa Clece, concesionaria del mismo, presentaba un ERTE para reducir la jornada y el salario de las 18 trabajadoras que cubrían el servicio.

 

Desde el 1 de mayo, con el cambio de empresa concesionaria, los vigilantes de seguridad del Alcázar han visto reducido sus ingresos un 40%. Lo que ha provocado que 6 de una plantilla de 14 trabajadores estuvieran de baja.

 

Ahora es el turno de la empresa Marsegur, que desde el 1 de mayo tiene adjudicado el servicio de vigilancia del Museo del Ejército, sustituyendo a Seguridad Integral Canaria, otra del mismo grupo que tiene al presidente de la U.D. Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez Alonso, como principal responsable. El cambio ha conllevado la aplicación de un nuevo convenio laboral, un supuesto convenio de empresa que ya ha sido declarado nulo por la Audiencia Nacional, aunque la empresa ha recurrido la sentencia ante el Supremo, lo que le permite seguir aplicándolo. Este convenio supone a los trabajadores importantes reducciones, de hasta un 40%, del sueldo con respecto a lo que cobraban antes del 1 de mayo. Sueldos de 1.200 euros netos, que eran de los más altos, se han quedado entre 800 y 840 euros según mostraba a esta revista en unas nóminas uno de los vigilantes de seguridad del Museo.

 

Una situación que, por otro lado, se está dando en todo el territorio nacional puesto que a esta empresa Defensa adjudicó, según publicaba el BOE el pasado 20 de abril, servicio de vigilancia de cientos de edificios que antes hacía Seguridad Integral Canaria. Empresa que, a pesar de desmentir Marsegur ser “su marca blanca” , los principales sindicatos: CSIF, USO, UGT y CCOO consideran que es la misma y que ambas pertenecen a Miguel Ángel Ramírez. El empresario, en un intento de lavar su imagen, el pasado 12 de mayo aseguraba ante los medios de comunicación estar arrepentido de la “política empresarial de depredación y negación de derechos” que llevaba en sus empresas, por lo que pedía perdón a sus empleados, y aseguraba que esa manera de actuar se había debido a que “estos años he estado muy mal asesorado y ello me ha creado muchos problemas y enemistades. Quiero a mis trabajadores y deseo que estén contentos en mis empresas y progresen como personas. Les pido perdón a todos de corazón”.

 

Miguel Ángel Ramírez está condenado a 3 años de prisión por un delito urbanístico. Aunque el gobierno de Rajoy le indultó cuando José Manuel Soria, amigo de Ramírez, era ministro de Industria, el indulto fue anulado por el Tribunal Supremo. En este momento la sentencia está suspendida, a la espera de que el Consejo de Ministros vuelva a resolver sobre su solicitud de indulto. La situación laboral de los trabajadores del Museo del Ejército en el Alcázar ha motivado que el pasado mes hasta 6 de los 14 trabajadores que componen la plantilla estuvieran de baja, la mayoría por depresión, bajas que según denuncian los trabajadores no se están reponiendo.

 

Aunque España está en nivel 4 de alerta, los vigilantes del Museo del Ejército realizan el servicio sin armas al carecer Marsegur, empresa concesionaria del servicio, de las guías de pertenencia de las armas.

 

A estos problemas que ponen en riesgo la seguridad del edificio del Ejército hay que añadir que la Guardia Civil les impide el acceso a las armas del armero de la Seguridad del Alcázar. Sus vigilantes prestan servicio desarmados, incumpliendo así de manera flagrante el pliego de condiciones de la contrata. El problema deriva de no tener, como marca la Ley, las guías de pertenencia de las armas de los servicios a nombre de Marsegur. Al subrogarse el servicio de Seguridad Integral Canaria se le dio un mes para regularizar la situación y ponerlas a su nombre, plazo que fue ampliado otro mes y que al no verse cumplido ha supuesto el cierre de algunos armeros en el país, entre ellos el del Alcázar, y la retirada de armas de los servicios, algo que para los vigilantes de seguridad contraviene la Ley al encontrarse España en nivel de alerta 4.

 

CCOO ha denunciado además que la empresa está empleando como vigilantes a varias personas que carecen de la habilitación correspondiente del Ministerio del Interior, incurriendo en intrusismo laboral ya denunciado por este sindicato ante la Delegación del Gobierno y ante el departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional. El sindicato ha pedido a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que rescinda el contrato y pone como ejemplo al Gobierno regional, que el pasado mes rescindió el contrato con la empresa Sinergias, también de Miguel Ángel Ramírez, tras comprobar que, en cuanto esta empresa se hizo con la contrata de la vigilancia de los edificios del Gobierno de Castilla-a Mancha, cambió a la baja los salarios y las condiciones de los vigilantes que venían prestando ese servicio.