El fiscal jefe pide el archivo de ‘caso basuras’

Conocidas las primeras sentencias del caso Gurtel y celebrándose en Madrid juicio oral por otras piezas del mismo, como un regalo ha recibido el PP de Castilla-La Mancha que el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez, solicitara el archivo de la causa del servicio de limpieza de Toledo antes de la declaración de todo el equipo de gobierno del ayuntamiento de Toledo, de la época en la que el popular José Manuel Molina era alcalde.

Cospedal felicita a Luis Ibáñez en su toma de posesión como fiscal jefe de Toledo.

 

Fue en en vísperas del Congreso nacional cuando Luis Ibáñez cambió sorprendentemente el criterio seguido hasta entonces por la fiscalía y solicitó el archivo de la causa por la supuesta comisión de 200.000 euros que la empresa Sufí, filial de Sacyr, pagó al PP de Castilla-La Mancha para la campaña electoral de Cospedal a la presidencia de la Junta en mayo de 2007. Esos 200.000 euros, según declaró el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas en sede judicial, fueron entregados a cambio de la renegociación del contrato del servicio de basuras con el ayuntamiento de Toledo, días antes de las elecciones municipales que auparon a la alcaldía al ahora presidente autonómico, Emiliano García Page. El contrato se había firmado en enero.

 

Por aquellas fechas el ayuntamiento toledano que gobernaba el PP con José Manuel Molina como alcalde, también concedió a la empresa Sufi, dos meses antes de las elecciones, un contrato novedoso para el mantenimiento de viales durante dos años por un importe de 700.000 euros, prorrogables por otros dos años más. Se da la circunstancia de que al concurso se presentaron otras cinco empresas con presupuestos algo inferiores a los 600.000 euros.

 

Sorprende que haya sido el fiscal jefe, y no el de sala, quien haya firmado el escrito pidiendo el sobreseimiento de la causa que todavía está en investigación por parte del titular del juzgado de instrucción nº 3, Florencio Rodríguez Ruiz .

 

En 5 meses el contrato pasó de 6,13 millones de euros a 17,4 millones y se justificó por las reivindicaciones salariales de los trabajadores que habían convocado una huelga que podía afectar a la festividad del Corpus de ese año.

 

Mientras que para el portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando, la decisión del fiscal es “más política que judicial”, llegando a lamentar que “en este país no exista separación de poderes”, ( la fiscalía es una institución jerárquica y en su vértice está el Fiscal General que es nombrado por el gobierno), el PP ha pedido respeto para la justicia.

 

 

El principal punto de crítica de Nacho Hernando al escrito del fiscal es por pedir el sobreseimiento “sin escuchar a todos los testigos y a todas las personas que están siendo investigadas“. Una investigación que surge a raíz de que el ex juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, instructor de la Gurtel, remitiera el asunto a los juzgados toledanos, como causa separada de la Gurtel, porque, decía, “tener por indiciariamente acreditadas las entregas de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros efectuadas por Luis Bárcenas al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha”. Esa acreditación surgía de las propias declaraciones de Bárcenas en sede judicial y de un recibí de 200.000 euros firmado por el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas. 200.000 euros que no aparecen en la contabilidad del PP.

 

José Manuel Molina en su
época de alcalde. Foto archivo AQUI

 

Cospedal señaló en un principio que ese dinero había sido gastado en la campaña electoral, para días después rectificar y decir que había sido en precampaña electoral. Lo contrario podría suponer un delito electoral por no figurar en las cuentas de la campaña. Aseguró que el dinero llegó de Madrid y que nada tenía que ver el PP de Castilla-La Mancha. El gerente, José Ángel Cañas, abogado de formación, reconoció ante el juez la firma del recibí, aunque negó haber recibido cantidad alguna, asegurando que lo había firmado por miedo a ser despedido por Bárcenas, quien por aquél entonces era su superior en el PP.

 

Aunque todo esto es el detonante de la causa que ahora el fiscal pide que se archive y que podría suponer un delito de cohecho, las investigaciones se están centrando en la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de prevaricación. En diciembre de 2006 se adjudicaba a Sufi el servicio de limpieza de la ciudad de Toledo. El 21 de mayo de 2007 el ayuntamiento firmaba un protocolo con la empresa, que era ratificado con carácter de urgencia por la Comisión de Gobierno municipal el día 23 de mayo, por el que el Ayuntamiento se comprometía a pagar 11 millones de euros más de lo acordado en la adjudicación del servicio. Cuatro días después, el 27 de mayo, se celebraron las elecciones municipales y el PP perdió la alcaldía.

 

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, encargado en su día por el juez Ruz, confirmaba lo ya señalado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF): en dos meses el contrato pasó de costar 6,13 millones de euros a 17,4 millones para un periodo de diez años. El informe señalaba que en la concesión, la de los 6,13 millones, no había habido irregularidad administrativa alguna; pero que sí las hubo en la aprobación del protocolo posterior.

 

El ayuntamiento de Toledo justificaba el pago por el sobrecoste de gastos con que, en ese tiempo, se encontró la empresa concesionaria ante las reivindicaciones laborales de los trabajadores del servicio de limpieza. Estos habían convocado una huelga que podía afectar a la festividad del Corpus que ese año se celebraba el 7 de junio. Y eso para el gobierno municipal era el motivo de la urgencia y la asunción de los 11 millones de euros más que iba a costar el servicio de limpieza toledano.

 

El asunto surgió cuando el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, declaró ante el juez que el PP de Castilla-La Mancha había recibido 200.000 euros para la campaña electoral de Cospedal de 2007 a cambio de la concesión del servicio de limpieza por parte del ayuntamiento de Toledo. El alcalde entonces era José Manuel Molina

 

Es precisamente este hecho, la huelga, una de las razones que el fiscal, en su escrito para que se archive, argumenta como justificación de cómo el ayuntamiento llevó las negociaciones: “un conflicto laboral (huelga) en relación con los servicios de limpieza y basuras unos días antes de la mayor fiesta de la ciudad de Toledo (Corpus Christi), es suficiente acicate como para flexibilizar exigencias de los negociadores en tanto en cuanto responsables municipales”. También justifica que no se hubieran seguido los trámites obligatorios, señalando que  “independientemente de los trámites que pudieran haber sido exigibles, su sola omisión no podría desembocar en una calificación de ilicitud penal”.

 

Se da la circunstancia de que el juez instructor, Florencio Rodríguez Ruiz, había declarado en junio de 2016 causa compleja el proceso para ampliar el tiempo de instrucción y que en noviembre amplió la investigación a los ex concejales María José Rivas, Fernando Fernández Gaitán, Mari Paz Ruiz, Fernando Sanz y Fernando Cirujano, miembros todos de aquella Comisión de Gobierno. El próximo 22 de febrero está prevista, si el juez no acepta la tesis del fiscal, que vuelva a declarar José Manuel Molina y también lo hará el ex teniente de alcalde y tesorero regional del PP cuando ocurrieron los hechos, Lamberto García Pinedo.