El éxito del vino y el fracaso del agua

Exagerando un poco, pero sólo un poco, se podría decir que en Castilla-La Mancha hay más vino que agua, porque la realidad es que hablar de vino es hacerlo de súper producción y de necesidad de exportarlo para dar de beber al planeta entero, mientras que hablar de agua es hacerlo de escasez y de la lucha para que no salga ni una gota más del territorio.


En campaña electoral se está hablando mucho de vino y de agua. Los políticos parecen más contentos cuando está el vino de por medio que cuando se trata de agua (dicho esto sin maldad), porque lo cierto es que desde hace muchos años el de la política hidrológica es el debate más incómodo. Y el más infructuoso.


Como no es cuestión de aguar el vino ni de avinagrar el agua, vamos por partes. La agroindustria vitivinícola de Castilla-La Mancha está siendo un éxito, y lo es en gran medida porque en torno al sector han hecho buen maridaje lo público y lo privado. El mejor ejemplo de esto es Fenavin, una feria ideada desde la Diputación de Ciudad Real para apoyar la principal economía de la provincia, el vino. Desde 2001 hasta hoy, esta feria que ha celebrado diez ediciones (es bienal) ha puesto a la región en el mapa mundial del vino, trayendo a más de 100.000 compradores profesionales a lo largo de estos años y teniendo mucho que ver en las cifras récord de exportación que están alcanzado las bodegas y cooperativas castellano-manchegas.


Y se vende mucho y buen vino porque previamente las administraciones, lideradas por la Unión Europea, subvencionaron la reconversión de las bodegas y la reestructuración de los viñedos. El sector tiene muchos retos pendientes, entre ellos el de dignificar precios (de las uvas y del vino), pero afronta el futuro con confianza.

El fracasado Pacto Social del Agua de Castilla-La Mancha ha puesto el dedo en la llaga: o los ríos o los regadíos


El agua, que es un bien común y necesario, cuenta otra historia. La del fracaso del acuerdo y la de una guerra de intereses. El trasvase del Tajo-Segura ha acelerado en cuarenta años de funcionamiento la desecación y el deterioro de la cuenca del Tajo, ha perjudicado los intereses económicos de Castilla-La Macha y ha beneficiado los del Levante. El Estado español, independientemente de quien lo gobernara, ha hecho caso omiso a la directiva europea del agua que exige, entre otros asuntos de no menor importancia, mantener los caudales ecológicos de los ríos.

Cuando un problema no se soluciona se agrava, y esto es lo que ha ocurrido con el agua: el daño ambiental está hecho, el río Tajo está moribundo, quienes han sustentado su economía en el trasvase no están dispuestos a negociar otra alternativa y ni siquiera dentro de Castilla-La Mancha, la gran perjudicada por la política trasvasista, hay acuerdo de cómo gestionar y con qué prioridades los escasos recursos disponibles. Prueba de ello ha sido el fiasco del intento de Pacto Social por el Agua, que ha puesto el dedo en la llaga: o los ríos o los regadíos.

    

Prado López Galán

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