El efecto rebote del dinero público

La palabra “subvención” está maldita, asociada a una especie de dádiva que beneficia a pedigüeños que no saben ganarse la vida por sí mismos. Etimológicamente, viene del latín y significa “auxilio, ayuda”. Con este matiz tan peyorativo, no es extraño que las millonarias ayudas que el Gobierno viene dando desde hace años para favorecer al potente sector del automóvil no se llamen ‘subvenciones’, sino “Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente”, conocido popularmente como Plan PIVE.

 

Pero no deja de ser dinero público contante y sonante: 1.115 millones de euros en cuatro años. ¿Despilfarro de dinero público? Es evidente que no. Esos 2.000 euros de ayuda directa que cada comprador ha podido tener para renovar su viejo vehículo (1.000 euros de dinero público y otros 1.000 de las marcas de coches) han tenido un importante efecto rebote en la economía española: 2.542 millones de euros sólos en recaudación de impuestos (por IVA y por matriculación), más los ingresos generados en actividades relacionadas con el sector del automóvil. Eso ha contribuido a mantener empleos, que son muchos dentro de este gremio.

 

Este es un buen ejemplo de los beneficios que puede reportar a la sociedad una buena gestión del dinero público, una eficaz política de subvenciones (el diccionario de la Real Academia define este concepto como “ayuda económica que se da a una persona o institución para que realice una actividad considerada de interés general”).

 

¿Por qué se denosta tanto a los agricultores y ganaderos ‘subvencionados’ por Europa? Es muy habitual oir el reproche de muchos ciudadanos a la política de subvenciones agrarias, ignorando la importancia de mantener vivo un sector productivo vital para la sociedad, el que la alimenta, y hacerlo con garantía de calidad y seguridad. Hay mucha hipocresía con respecto a lo que se opina sobre el gasto público: si va al bolsillo de otros, es despilfarro; si viene a nuestro bolsillo es por el interés general.

 

Así se entienden las críticas que genera entre ciertas personas el gasto previsto por el Gobierno de Castilla-La Mancha para incentivar la creación de empleo (Plan Extraordinario, 224 millones de euros). Son muchos los empresarios que consideran despilfarro el que se financien obras y servicios a los ayuntamientos para que éstos puedan contratar a desempleados, pero estos mismos críticos aplauden que el mismo Gobierno gaste 240 millones de euros en dar subvenciones a los empresarios para que puedan invertir o refinanciarse.

 

Hay que reconocerle al gobierno de García-Page su estrategia salomónica en el reparto de los pocos ‘panes y peces’ que quedan en la despensa regional, especialmente si el fin último es el que se pregona: el empleo.

Prado López Galán
Prado López Galán

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