Del sillón al banquillo

“Entre todos la mataron y ella sola se murió”. Los únicos acusados por la vía penal implicados en la situación que llevó a la quiebra a Caja Castilla-La Mancha (CCM), el expresidente Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega, han evadido responsabilidades y han culpado del mal final que tuvo la caja de ahorros castellanomanchega a la campaña de acoso y descrédito del PP contra CCM, al Banco de España, a la CECA, a la crisis económica, ...

Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega han sido juzgados en la Audiencia Nacional

Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega han sido juzgados en la Audiencia Nacional

La Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM) declaró en 2007 unos beneficios de 280’63 millones de euros, los más deslumbrantes desde que se fundara esta entidad regional en 1992 (fruto de la fusión de las cajas de ahorro de Toledo, Albacete y Cuenca y Ciudad Real). Poco duró la alegría: apenas un año después, en 2008, CCM perdió 1.066 millones de euros, aunque esta cifra, que era el verdadero alcance de las pérdidas, no se conoció hasta después de ser intervenida por el Banco de España y rehechas sus cuentas.

 

¿Quién tuvo la culpa de esta caída vertiginosa y mortal? Casi siete años después de la intervención (en marzo de 2009), los dos máximos responsables de la entidad financiera regional, el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega, han rendido cuentas desde el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. Tras seis días de juicio (entre el 2 y el 11 de febrero) en los que se han escuchado diversos testimonios y verificado pruebas documentales y periciales, el fiscal, Luis Rodríguez, se ha ratificado en su acusación y considera a ambos culpables de un delito societario (relacionado con manipulación contable y falsedad en documentos, “con lo que lograron reflejar beneficios en las cuentas de 2008 en lugar de pérdidas”) y ha pedido para ellos una pena de dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de la condena, y una multa de 30.000 €.

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