Del interés financiero al interés humano

Decía Aristóteles que “la esperanza es un sueño despierto”, pero en estos tiempos pragmáticos y mercantilistas en los que tan mal vistos están los soñadores la esperanza es lo primero que se ha perdido. Pero hasta aquí el pesimismo, porque lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha vuelve a despertar las esperanzas y el sueño de que otra manera de enfrentarse a la cruda realidad es posible.

 

El Gobierno que preside el socialista Emiliano García-Page prepara los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2017, el instrumento que decide en qué se gasta, cómo se invierte y cómo se recauda el dinero público. Es decir, el arma que puede facilitarle la vida a la gente o complicársela en función de las prioridades que se den a las cuentas públicas.

 

La gran novedad de este año es que los soñadores se han colado en el debate presupuestario. El partido político Podemos, con dos diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha que son apoyo imprescindible del ejecutivo socialista en minoría, ha logrado que su Plan de Garantías Ciudadanas se incluya en los presupuestos.

 

Es decir, será una prioridad de la administración atender las necesidades de quienes carecen de lo básico: empleo, vivienda, suministros básicos…, pero no desde la caridad o las ayudas de emergencia, sino desde un plano más justo y social. El Gobierno calcula que atender estas garantías costará 100 millones de euros al año, cantidad que a algunos les parece imposible de obtener de unos ingresos públicos tan mermados.

 

Pero conviene recordar que desde el año 2012, con el Gobierno del PP en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y hasta el 2015, ya con el gobierno socialista, se ha destinado una media anual de 425 millones de euros a pagar a los bancos los intereses de los préstamos concedidos a Castilla-La Mancha. Pagar a los bancos ha sido en estos años nefastos una prioridad, pese a tener la región a más de 200.000 personas en paro, a cientos de miles de trabajadores con salarios por debajo de los 600 euros y pese al creciente e imparable aumento de la pobreza y de la desigualdad.

 

No está nada mal el cambio de rumbo. Las cuentas públicas se humanizan y están en la obligación de hacerlo. Aceptar medidas tan justas como las que propone el Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Podemos no debe ser una excepción para 2017, sino que debería servir de experiencia piloto para sentar las bases de una nueva manera de gestionar el dinero público, dando cumplimiento real a obligaciones constitucionales como procurar empleo, vivienda y servicios sociales a todos los ciudadanos.

 

 

Prado López Galán
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