La vuelta de Cospedal a la abogacía del estado

Cospedal y Aznar

 

“Eso corresponde decidirlo al comité de dirección”. Con esta escueta frase contestó el sucesor de María Dolores de Cospedal, Francisco Núñez, cuando le preguntaron si finalmente la ex ministra de Defensa sería nombrada presidenta de honor del PP de Castilla-La Mancha, como así propuso en su día el comité Ejecutivo regional del PP. Cospedal no está teniendo la misma fortuna que por ejemplo Esperanza Aguirre, reivindicada por su discípulo Pablo Casado, quien también reivindicó a los valencianos Alberto Fabra, Eduardo Zaplana y Francisco Camps y posteriormente a Rita Barberá contestando a las críticas que la familia de ésta formularon por la utilización que de su persona, en una nueva reivindicación, hizo la candidata del PP a la alcaldía de Valencia, María José Catalá. La familia de Barberá acusaba en su comunicado que el PP “la abandonó, maltrató y expulsó de sus filas” y pedía que “es de lógica justicia que el PPCV se olvide de pasear el cadáver de Rita Barbera con tan espurios objetivos”, al considerar que lo hacían para aprovecharse de su figura electoralmente.

 

Quizá Cospedal o sus familiares dentro de un tiempo también tengan que quejarse por el “olvido” al que el sucesor que ella misma propuso a los presidentes provinciales del partido en una comida en el Parador de Toledo parece haberla relegado. El comité de dirección del PP se reunirá en junio, una vez pasadas las elecciones municipales y autonómicas, cuando nombrarla o no nombrarla Presidenta de honor del partido en Castilla-La Mancha ni sume ni reste electoralmente. Mientras tanto Cospedal ha reingresado en la Abogacía del Estado. Las grabaciones que ella y su marido, López del Hierro, mantuvieron con el policía Villarejo le costaron su carrera política. Primero tuvo que dimitir de la Ejecutiva Nacional y posteriormente la pidieron que dejara su escaño de diputada; solo en ese momento dejaron de aparecer nuevas grabaciones.

 

Sin embargo no se han acabado a Cospedal las preocupaciones por ese asunto, ahora a través del protagonismo de otro policía al que nombró alto cargo de su gobierno en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo, exactamente director de Análisis y Documentación, un eufemismo tras el que se escondía la verdadera función del policía. Andrés Gómez Gordo, en la época en que era alto cargo de Cospedal en Castilla-La Mancha y ésta también Secretaria Nacional del PP, contactó con el chofer de Bárcenas para que le espiara. El chofer durante dos años estuvo cobrando 2000 euros mensuales de los fondos reservados de la policía como confidente y a cambio entregó documentos e informaba de los pasos que daba la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Documentos que nunca fueron entregados al juez por parte de los policías de la llamada “Brigada patriótica” que el ministro del interior de entonces, Fernández Díaz, había creado.

 

Esa operación se la conoce como Kitchen y en ella aparece Gómez Gordo como investigado y por lo que se le ha retirado el pasaporte y prohibido salir de España. Hay que señalar que cuando se reincorporó a la policía, al haber perdido el PP el gobierno de Castilla-La Mancha pero no el de España, le nombraron jefe de vigilancias de la UDEF, la unidad contra la corrupción, y que seis meses después fue condecorado con la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, que lleva aparejada una asignación del 10% del sueldo de por vida. Cospedal, como abogada del estado ejercerá su cometido en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y por tanto entre sus cometidos está defender decisiones que tomó el Gobierno de Rajoy; pero también del actual. Esa Sala, por ejemplo, lleva el asunto de la exhumación del dictador Francisco Franco que pretende el actual gobierno de España. La abogacía del estado es un cuerpo de funcionarios que tiene a un 40% de sus miembros en excedencia, muchos de ellos por su dedicación a la política.